El Gobierno nacional trabaja en un nuevo decreto para reformar el sistema migratorio argentino, con el objetivo de endurecer los controles en las fronteras y fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio de Seguridad.

Según trascendió, la iniciativa busca profundizar los cambios introducidos por el DNU 366/2025, publicado en mayo, que ya había modificado el régimen migratorio con mayores exigencias para el ingreso al país, el acceso a la asistencia social y la promoción de inversiones extranjeras mediante mecanismos como la ciudadanía por inversión.

Más controles y una política migratoria más restrictiva

Fuentes oficiales señalaron que la intención del nuevo decreto es darle más competencias y tareas a Migraciones, con el foco puesto en una política de seguridad más estricta.
"La idea es fortalecer el rol de Migraciones y la política migratoria en general. Hay cuestiones que aún deben reglamentarse y corregirse. Se apunta a una doctrina de seguridad más dura", indicaron desde el Gobierno.

En ese marco, se prevé reforzar el análisis de antecedentes de las personas que ingresan al país y aplicar mayores controles, especialmente a ciudadanos provenientes de países considerados de baja vigilancia.

La posibilidad de exigir visa a más países

Otro de los puntos en evaluación es ampliar la lista de países cuyos ciudadanos deben tramitar visa para ingresar a la Argentina. Actualmente, este requisito rige para varias naciones de Asia y África, entre ellas China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundi, Camerún, Egipto y Haití.

La eventual ampliación de este listado formaría parte de la estrategia oficial para regular con mayor rigor el flujo migratorio y reforzar la seguridad en los pasos fronterizos.

Qué funciones tiene hoy Migraciones y qué cambiaría

Hasta ahora, Migraciones funcionó principalmente como un organismo encargado de tramitar residencias, ciudadanías y el ingreso de visitantes. Sin embargo, con los cambios introducidos este año, su rol comenzó a ampliarse.

El DNU 366/2025 estableció, entre otras medidas, la deportación de extranjeros condenados por delitos cometidos en el país, el pago de los servicios de salud y educación y la limitación de la atención gratuita solo a casos de emergencia para personas con situación migratoria irregular.

Además, el decreto fijó que solo podrán acceder a la ciudadanía argentina quienes residan de forma continua durante dos años en el país, sin interrupciones.

En ese sentido, el vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había sido contundente:
"Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora".