La Legislatura mendocina es el escenario de una jornada crucial. A partir de las 9:30, el Senado trata la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (conocido como mina San Jorge), de capitales suizos y argentinos.

El panorama político es favorable al oficialismo. Tras obtener la media sanción en Diputados, se espera que el gobernador Alfredo Cornejo logre el visto bueno final. De concretarse, esta sería la primera explotación minera en la provincia. La empresa prometió una vida útil de hasta 27 años y una inversión total de U$D 559 millones.

Cornejo, con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, ha declarado que la minería será el "motor del progreso". Además de PSJ Cobre, el oficialismo presiona por la aprobación del régimen de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, buscando establecer un marco legal amplio para la actividad.

La sesión del martes está marcada por la protesta social. Bajo la consigna "El agua no se negocia", la Asamblea Popular por el Agua convocó a una movilización masiva frente a la Legislatura, forzando al Gobierno a reforzar la seguridad.

La principal preocupación es el impacto ambiental en una provincia que sufre una sequía de 15 años. Los ambientalistas, apoyados por especialistas como Marcelo Giraud (geógrafo e integrante de la Asamblea), temen:

• Contaminación Química: Posible riesgo sobre la cuenca del Río Mendoza, vital para más de un millón y medio de habitantes, por el uso de sustancias tóxicas.

• Agotamiento Hídrico: Que la actividad minera exacerbe la falta de agua.

Como antecedente, recuerdan la crisis de 2019, cuando la Legislatura dio marcha atrás con la reforma de la Ley 7722 (que limita el uso de químicos) tras una ola de protestas históricas en defensa del recurso hídrico.

Las Dudas sobre los Empleos y la Información de la Empresa

A las críticas ambientales se suman las dudas sobre los beneficios económicos reales. La ministra de Ambiente, Jimena Latorre, niega los riesgos de contaminación, pero informes de entidades académicas como el Conicet y la Universidad de Cuyo han calificado la información de la empresa como "insuficiente" para evaluar el impacto en la cuenca.

Los asambleístas denuncian que la empresa "ha venido mintiendo" sobre la cantidad de empleos. Las cifras oficiales dentro del Estudio de Impacto Ambiental no concuerdan con los números que la minera difunde públicamente, sembrando dudas sobre la transparencia de todo el proyecto.