El senador José Mayans (Formosa) advirtió que el bloque de senadores de Unión por la Patria solicitará la destitución inmediata de cualquier juez de la Corte Suprema de Justicia que sea nombrado por decreto. La declaración se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Senado sobre los nombramientos judiciales, especialmente tras la posibilidad de que el presidente Javier Milei avance con la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte, sin pasar por el Congreso.

En respuesta, el senador Mayans se mostró vehemente en su discurso, indicando que un nombramiento por decreto "es inconstitucional" y que carece de las garantías de independencia y estabilidad que requiere un cargo tan importante como el de juez de la Corte Suprema. En su intervención, Mayans criticó el proceder del Ejecutivo y cuestionó la legalidad y legitimidad de los nombramientos sin la intervención del Senado, que según la Constitución debe aprobar las designaciones judiciales.

La postura de UP y la Constitución Nacional

En su discurso ante el jefe de Gabinete, Mayans subrayó que los nombramientos por decreto carecen de garantías constitucionales. "¿Qué garantía tiene de independencia un juez nombrado por decreto? ¿Qué garantía de estabilidad? No se puede hacer como si fuera un subalterno del presidente", cuestionó el senador de Unión por la Patria.

Mayans también resaltó que, según la Constitución Nacional, el Senado debe intervenir en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte, lo que asegura el control democrático de los poderes del Estado. "La Constitución que hoy impera en el país establece que el Senado debe ser parte de este proceso. No se puede actuar como si los jueces fueran nombrados por voluntad exclusiva del presidente", remarcó.

Además, el senador de Formosa aludió a los movimientos del gobierno de Milei en relación con otros poderes del Estado, como el Consejo de la Magistratura, y criticó el enfoque del Ejecutivo sobre la independencia de la Justicia. Mayans concluyó su intervención pidiendo al Gobierno que negocie las designaciones judiciales con las fuerzas políticas, en lugar de imponer decisiones unilaterales.

En cuanto al nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se trata de dos jueces que ya fueron evaluados por la comisión de juicio político del Senado, pero aún no obtuvieron la aprobación final del pliego. Ante esta situación, el Ejecutivo podría optar por nombrarlos por decreto, si el Senado sigue bloqueando su designación, lo que dispararía nuevas controversias y enfrentamientos políticos.