Malena Galmarini criticó al Gobierno por el abandono de AySA: "El agua no se corta"
La candidata a senadora cuestionó duramente a la gestión de Javier Milei por el deterioro del servicio de agua potable y denunció la paralización de obras clave.
Malena Galmarini, ex titular de AySA y actual candidata a senadora por Fuerza Patria, lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei. En declaraciones radiales, apuntó al deterioro del servicio de agua potable y al vaciamiento de la empresa estatal:
"El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo". Según Galmarini, la gestión actual abandonó las políticas públicas que garantizaban el acceso al agua y al saneamiento. También cuestionó la lógica de rentabilidad que, según denunció, se intenta aplicar a una empresa que no opera en un mercado competitivo.
Suba de tarifas, baja de calidad y obras paralizadas
La exfuncionaria explicó que durante su paso por AySA se construyeron 4.000 kilómetros de redes de agua y cloacas, con procesos auditados bajo normas IRAM. Sin embargo, denunció que gran parte de esa documentación fue eliminada de la web oficial.
Además, advirtió que proyectos estructurales como el sistema Riachuelo y el acueducto del sistema Agua Sur están detenidos: "Pretenden dejar todo como está, meterle arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas".
También remarcó el contraste entre los aumentos tarifarios y el retroceso en la calidad del servicio, algo que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.
Privatización y modelo de país: el trasfondo del debate
Galmarini vinculó el vaciamiento de AySA con un modelo económico que, según ella, prioriza únicamente a quienes pueden pagar: "Nos pasó con Aguas Argentinas: solo les interesaban los usuarios rentables".
En ese sentido, fue crítica con la Ley Bases y con los legisladores que la aprobaron, al considerar que habilita la privatización de una empresa clave como AySA: "No les agradezco a quienes firmaron esa ley. La gente no se merece esto".
Para cerrar, sostuvo que el acceso al agua potable está respaldado por la Constitución Nacional, tratados internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A su juicio, el desinterés del gobierno por garantizar ese derecho básico revela una profunda falta de sensibilidad social.