Los procesos judiciales que alcanzan a Eduardo "Lule" Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a su primo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tomaron nuevo impulso tras la revelación de información reciente. Las investigaciones abiertas indagan posibles anomalías en contratos del Estado, manejos en organismos como el PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), además de contrataciones millonarias y licitaciones bajo observación en distintas dependencias públicas.

El eje de las pesquisas se centra en el denominado "caso Spagnuolo". La causa, radicada en los tribunales de Comodoro Py, se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, tras la aparición de grabaciones secretas.

 En estos audios editados, el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, menciona supuestos sobornos ligados a la compra de medicamentos, parte de los cuales -según este material filtrado- se habrían canalizado a través de la empresa Suizo Argentina y cuyo destino incluiría a Karina Milei y a Eduardo Menem. Los investigadores analizan los registros telefónicos incautados a los involucrados, incluidos los accionistas de la droguería Jonathan y Emmanuel Kovalivker, en busca de pruebas de sobreprecios, cartelización y posible direccionamiento de contratos. 

El caso, bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, también cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En estas horas, los defensores legales de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker plantearon objeciones a la continuidad del proceso, alegando la invalidez de las grabaciones como prueba. Por su parte, tanto Lule Menem como Martín Menem salieron públicamente a despegarse de las contrataciones en cuestión, asegurando que las denuncias forman parte de "una maniobra política".

Una investigación paralela apunta a Tech Security SRL, compañía vinculada a la familia Menem. El contrato con el Banco Nación, cercano a los 4.000 millones de pesos, está bajo análisis del juez Daniel Rafecas desde julio pasado, a partir de una presentación del dirigente Juan Ricardo Mussa. El magistrado ordenó nuevas diligencias, entre ellas la citación de exautoridades bancarias y el requerimiento de documentos para esclarecer cómo se otorgó la adjudicación y cuáles son las conexiones societarias. Martín Menem transfirió la titularidad de sus acciones en Tech Security a su hermano Adrián apenas cuatro días antes de asumir como diputado.

La obra social Osprera también aparece en un expediente independiente, tras una denuncia presentada por José Antonio Voytenco, secretario general de la Uatre. Casanello deberá resolver si convoca a los involucrados a declarar en indagatoria para avanzar en la causa.

La Fiscalía, en tanto, pidió llamar a declaración a varios acusados, entre ellos Marcelo Carlos Petroni, cuyo teléfono registraba frecuentes encuentros con Martín Menem y referentes de la Casa Rosada.

Avances en distintas provincias

Las pesquisas federales se extienden a varias jurisdicciones por supuestos pedidos de retornos a trabajadores estatales. Delegaciones del PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires habrían exigido porcentajes de los salarios a sus empleados, según testimonios judiciales. Varios responsables de esas sedes fueron vinculados al entramado político de Lule Menem.

En Chaco, la Justicia identificó contrataciones directas a empresas asociadas a dirigentes de La Libertad Avanza. En Santa Cruz, fue desplazado el jefe de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, tras una denuncia interna.

A su vez, Viviana Aguirre, exdirectora del PAMI en La Plata, presentó en marzo una denuncia en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, que sigue en trámite. Mientras la oposición habla de hechos graves de corrupción, en la Casa Rosada insisten en que Martín y Lule Menem no tuvieron injerencia alguna y atribuyen las acusaciones a estrategias de desgaste político.

Fuentes judiciales señalaron que los expedientes en curso buscan determinar si existió un sistema de sobreprecios y cartelización en medicamentos, desvío de fondos en obras sociales y pedidos de retornos dentro de distintas dependencias estatales.

Polémica por la compra de lentes en el PAMI

En los últimos días se incorporó una nueva denuncia: más de 500 oftalmólogos alertaron sobre un aumento desmedido en los precios de los lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Hasta julio, cada médico adquiría directamente los insumos con los laboratorios y el PAMI reintegraba unos $35.000 por cada lente monofocal, valor acorde al mercado.

Desde agosto, el organismo centralizó las adquisiciones y lanzó una licitación por más de $80.000 millones para un año, con opción de prórroga. Al mismo tiempo, eliminó el sistema de reintegros mediante la resolución 1737/2025 y obligó a los profesionales a solicitar los insumos al PAMI. Aunque el objetivo declarado era abaratar costos y garantizar provisión, la medida encendió alarmas: el Estado terminó pagando entre cinco y diez veces más que el valor de mercado.

La resolución 1560/2025 fijó precios de entre $150.000 y $300.000 por lente, montos muy por encima de los registrados en compras recientes. Los médicos presentaron facturas, presupuestos y documentos de la licitación para respaldar la denuncia de sobreprecios.

Desde el PAMI defendieron el nuevo esquema argumentando la necesidad de trazabilidad y controles, y explicaron que el precio final incluye logística y servicios adicionales. Según el organismo, el costo total de la prestación es de $565.000, menor al de otras obras sociales. Sin embargo, la polémica generó un fuerte cruce con los profesionales, que sostienen que se trata de un gasto excesivo con fondos públicos.

Impacto político y judicial

En plena campaña legislativa, estas causas se convirtieron en un tema central en tribunales, despachos oficiales y medios de comunicación. Los expedientes avanzan tanto en Comodoro Py como en juzgados del interior, que ahora trabajan junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para unificar criterios y determinar las responsabilidades de los involucrados.