El Gobierno confirmó que la baja de la edad de imputabilidad será debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso, luego de que el año pasado el proyecto alcanzara dictamen de mayoría en comisión, pero nunca se tratara en el recinto.

El texto original, enviado en julio de 2024, había sido trabajado durante meses por las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia, logrando el apoyo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Sin embargo, con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y ahora deberá retomarse desde cero.

Principales cambios: edad de imputabilidad y penas

El proyecto propone fijar la edad mínima de imputabilidad en 14 años, tras el consenso con aliados políticos. La iniciativa original de La Libertad Avanza planteaba 13 años, buscando acercar la legislación argentina a otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú (14 años) o Brasil y México (12 años).

Se establece una pena máxima de 15 años de privación de libertad para delitos graves -homicidio, abuso sexual o secuestro- mientras que para delitos con penas de hasta 3 años se priorizan penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. La privación de libertad sería último recurso.

Institutos especializados y derechos de los menores

El proyecto enfatiza la creación de institutos especiales para adolescentes condenados, garantizando educación, atención médica y tratamiento de adicciones, con personal especializado en infancia y adolescencia y prohibición de convivencia con adultos.

Las penas alternativas incluyen: amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil, siempre con consentimiento de la víctima y dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal.

Además, se contemplan programas educativos, culturales y deportivos, asistencia psicológica y médica, y prohibición del consumo de alcohol y drogas. Los supervisores designados por los jueces deberán tener formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Protección de víctimas y confidencialidad

El proyecto asegura que los procesos sean reservados, protegiendo la identidad de los menores, con intervención de la asesoría tutelar y notificación a los padres desde el inicio del caso. Se establece también la responsabilidad civil de los progenitores y derechos reforzados para las víctimas, incluyendo asistencia jurídica y psicológica, participación en mediaciones y seguimiento del proceso.

La inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias llega en un contexto sensible tras el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, hecho que volvió a poner en agenda la discusión sobre delitos cometidos por menores.