La causa que investiga el viaje de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este entró en una fase de definiciones técnicas. El juez Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario sobre las empresas y personas que habrían costeado los traslados, con el foco puesto en la firma IMHOUSE S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio.

Los puntos ciegos que busca aclarar la Justicia

La medida apunta a reconstruir el circuito financiero detrás de los dos tramos del viaje realizados en febrero:

• El financiamiento: La Justicia ya sabe que el vuelo de ida costó USD 4.830 y el paquete de regreso superó los USD 42.000. Ahora, el magistrado podrá ver si la productora contaba con fondos propios o si el dinero provino de otra fuente.

• Vínculo con el Estado: Se investiga si existen contratos vigentes entre la productora de Grandio y la Televisión Pública, área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.

• El "tercer" aportante: El levantamiento del secreto también alcanza a un piloto corporativo que figura como el comprador del paquete de vuelos que incluyó el regreso del funcionario desde Uruguay.

El rol de Karina Milei

Lijo no solo apuntó a los privados. También envió un requerimiento a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que informe si existió algún expediente, comisión de servicio o asignación de viáticos que respalde el viaje. El objetivo es descartar -o confirmar- si hubo algún tipo de respaldo institucional para lo que, hasta ahora, se presentó como un viaje de descanso familiar.

Con esta medida, la Justicia busca determinar si se está ante un caso de dádivas o incompatibilidad de funciones, dado que la empresa bajo sospecha opera en el mismo rubro que el funcionario debe controlar.