El proceso para concesionar la Hidrovía Paraná-Paraguay, la ruta fluvial por donde circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina, ingresó en un complejo terreno judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un duro dictamen en el que detectó presuntas anomalías, vicios administrativos y falta de transparencia en los pliegos licitatorios diseñados bajo la gestión de Javier Milei.

La resolución, firmada por el fiscal federal Sergio Leonardo Rodríguez, determinó que diversos tramos del concurso público "merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales". El expediente con las actuaciones ya fue remitido a la Fiscalía Federal N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la correspondiente investigación penal preparatoria.

Los puntos críticos que detectó la investigación judicial

El dictamen de la PIA se originó tras una serie de denuncias cruzadas presentadas por organizaciones ambientalistas, miembros de consorcios portuarios y una de las propias firmas oferentes ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

Entre las principales inconsistencias reflejadas en el expediente se destacan:

1. Falta de parámetros objetivos: la PIA constató una grave afectación a la libre competencia debido a la ausencia de reglas claras para calificar las propuestas técnicas. Esto otorga a la Comisión Evaluadora un "margen de discrecionalidad excesivo" y potencialmente arbitrario tras la apertura de sobres.

2. Opacidad ambiental: se detectaron presuntos incumplimientos a la Ley 27.566 (Acuerdo de Escazú) sobre el libre acceso a la información pública ambiental durante las instancias de audiencia obligatoria.

3. Cláusulas polémicas: el organismo judicial impugnó la redacción de la cláusula anticorrupción, las restricciones impuestas a las empresas para apelar o impugnar las distintas etapas del proceso, y los límites fijados para la participación de oferentes bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Los pulpos internacionales y los apellidos de peso en juego

La disputa comercial por el control de la vía navegable se concentra en dos grandes conglomerados de origen belga, luego de que las corporaciones de capitales chinos quedaran relegadas de la contienda pública:

• Jan De Nul: el gigante europeo que opera y draga la Hidrovía argentina desde 1995. Su pliego actual incluye un esquema combinado de dragado y balizamiento, pero bajo un modelo contractual que permitiría la polémica cesión de la concesión a terceros.

• DEME: el otro consorcio belga que compite de forma directa por el millonario negocio logístico.

Detrás de estos operadores internacionales aparecen terminales portuarias privadas y apellidos con histórico peso en los negocios ligados al Estado. El dictamen menciona al Grupo Neuss -vinculado a terminales comerciales y con aceitados lazos con Mauricio Macri y segundas líneas del actual esquema de gobierno-; el Grupo Román, comandado por los herederos de Alfredo Román; y el empresario Juan Ondarcuhu, titular de Servicios Portuarios SA y fuerte operador en los muelles de Rosario.

Un escenario de sospechas que se reitera

Para la Justicia, las fallas detectadas en el diseño del pliego actual no son una novedad. El informe de la procuraduría especializada advierte de forma explícita que la Anpyn "repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores", lo que reaviva las sospechas de direccionamiento en favor de los actuales operadores del sistema.