Tras semanas de discusiones y un borrador que generó elogios y fuertes críticas, el Gobierno nacional presentó su proyecto definitivo de la Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que deroga la normativa aprobada en 2006 y redefine el rol del Estado, las familias y las instituciones escolares.

La nueva versión mantiene gran parte del contenido original, pero ajusta los puntos más polémicos. Entre los principales cambios se incorpora el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) (que los estudiantes podrán rendir al terminar el secundario) y se eliminan capítulos controvertidos, como la habilitación de educación religiosa en escuelas estatales y la obligación de financiar de igual manera a escuelas privadas y públicas.

Vouchers, educación en casa y más poder para las familias

Uno de los ejes centrales del proyecto es el financiamiento por demanda, una propuesta que estuvo en el corazón de la campaña presidencial de Milei. Aunque el texto evita la palabra "voucher", el artículo 83 autoriza al sistema educativo a implementar vales, bonos, becas o mecanismos equivalentes destinados directamente a las familias para que elijan la institución educativa de sus hijos.

En la misma línea, la ley habilita formalmente el homeschooling. El capítulo de "Formas alternativas de enseñanza" reconoce el derecho a recibir Educación Básica fuera del sistema escolar tradicional. La modalidad contempla enseñanza dirigida por padres, tutores o personas designadas por ellos. Para acreditar aprendizajes, los alumnos deberán inscribirse en el sistema educativo y rendir las evaluaciones oficiales.

Otra modificación central es la creación de los Consejos Escolares de Padres, organismos que funcionarán en cada escuela pública con participación en temas institucionales, supervisión, rendición de cuentas y un rol activo en la selección o remoción de directores. El proyecto subraya que los cargos directivos deberán contar con una formación específica acorde a sus funciones.

Además, se autoriza la publicación de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela. La autoridad nacional deberá difundirlos anualmente en un portal digital accesible, eliminando la prohibición vigente.

Un examen nacional para cerrar la secundaria

El ENES, reinstalado en esta versión definitiva, será una evaluación individual y voluntaria, disponible para todos los estudiantes que finalicen el secundario, sin importar la modalidad. También podrá rendirse de manera posterior a la graduación.

El examen evaluará competencias en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, bajo los contenidos mínimos definidos a nivel nacional. Con esto, el Gobierno busca generar un indicador unificado sobre los aprendizajes adquiridos al finalizar la escolaridad obligatoria.

Entre las novedades también figura la evaluación docente obligatoria, que deberá realizarse al menos cada cuatro años para todos los educadores del sistema.

Auditorías obligatorias en universidades públicas

El proyecto establece un esquema estricto de control para las instituciones universitarias estatales. La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano tendrán competencias compartidas para supervisar el uso de recursos y bienes públicos.

Además, las universidades deberán implementar mecanismos de auditoría interna que aseguren transparencia en la gestión administrativa y financiera.