El Gobierno puso en marcha la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y activó el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema voluntario que busca facilitar la bancarización y el uso de ahorros no declarados -incluidos los llamados "dólares del colchón"- con controles fiscales centrados en la declaración y el pago "hacia adelante".

Según los lineamientos operativos detallados por el Poder Ejecutivo, el RSG está dirigido a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones (evaluados año a año en los últimos tres ejercicios), excluyendo a los grandes contribuyentes.

¿CÓMO FUNCIONA LA LEY DE INOCENCIA FISCAL?

El organismo recaudador ARCA ofrecerá declaraciones juradas precargadas y limitará la fiscalización a ingresos y deducciones admitidas, sin analizar consumos personales o variaciones patrimoniales, salvo supuestos específicos de discrepancias relevantes.

En el esquema oficial, el incentivo clave es el llamado "efecto liberatorio": si el contribuyente se adhiere, presenta y paga en término, ARCA no podría reabrir revisiones sobre ese período fiscal y anteriores, salvo casos de diferencia significativa u otros supuestos definidos (como facturas apócrifas).

"Es una forma de tributar en la que ARCA no te va a pedir explicaciones por tu patrimonio ni por tus gastos personales", señalaron fuentes gubernamentales citadas por La Nación, que indicaron que "es el blanqueo más grande de la historia".

La reglamentación también fija cómo podrán realizarse operaciones con ahorros no declarados: los fondos deberán ingresar al sistema financiero en el origen o en el destino (por ejemplo, depósito en cuenta propia o transferencia directa al vendedor).

Además, eleva umbrales de información bancaria: operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarían reportes automáticos a ARCA, según el mismo reporte.

El decreto actualiza sanciones formales, con un fuerte aumento nominal de multas, aunque introduce un mecanismo no automático: primero habrá recordatorios y plazos para regularizar antes de aplicar sanciones. También eleva los umbrales del Régimen Penal Tributario -evasión simple a $100 millones-, entre otros cambios.