Las modificaciones a la Ley de Inteligencia impulsadas por el Gobierno nacional comenzaron a generar un fuerte debate en el Congreso y ya motivaron reclamos formales de la oposición para que se activen las comisiones correspondientes. Con la convocatoria a sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero, legisladores de distintos espacios exigieron a las autoridades parlamentarias que habiliten el análisis del DNU 941/2025, que introduce cambios clave en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El reclamo de la oposición por las comisiones bicamerales

Desde el bloque Unidos y Unión por la Patria solicitaron a los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, que se conforme de manera urgente la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Según establece la ley, este cuerpo tiene diez días hábiles desde que recibe el decreto para expedirse sobre su validez.

Los diputados de Unidos advirtieron sobre la necesidad de evaluar en profundidad las modificaciones introducidas por el DNU, mientras que desde Unión por la Patria fueron más allá y presentaron un proyecto de rechazo. Argumentaron que el decreto otorga a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el sistema democrático y el principio republicano de división de poderes, además de no cumplir con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia.

Posturas divididas y respaldo del PRO

En contraste, el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, manifestó un respaldo inicial a la medida, aunque aclaró que aguardará la reglamentación y los protocolos de aplicación antes de fijar una posición definitiva. Desde ese espacio sostuvieron que se trata de un tema sensible vinculado a la seguridad y la defensa nacional, por lo que llamaron a actuar con "responsabilidad institucional".

Los plazos que marca la ley y el rol del Congreso

La Ley 26.122 establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debe funcionar incluso durante el receso parlamentario. Si el jefe de Gabinete no remite el decreto en tiempo y forma, la comisión puede abocarse de oficio a su tratamiento. En caso de que no se expida dentro del plazo previsto, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratar el DNU directamente en el recinto, donde solo puede aprobarse o rechazarse, sin posibilidad de modificaciones.

Para que el decreto pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas Cámaras del Congreso. Hasta tanto eso ocurra, el DNU mantiene plena validez.

Sesiones extraordinarias y antecedentes recientes

El temario de las sesiones extraordinarias incluiría proyectos como la modernización laboral, cambios en la Ley de Glaciares y reformas al Código Penal, pero no contemplaría el tratamiento del DNU de Inteligencia. Por ese motivo, la oposición deberá reunir quórum propio si pretende llevar el debate al recinto.

El antecedente más cercano refuerza la tensión: en agosto de 2024, el Congreso rechazó un DNU que asignaba fondos adicionales a la SIDE, en lo que fue la primera vez que un presidente sufrió el rechazo de este tipo de decreto por ambas Cámaras. Ese escenario vuelve a sobrevolar el debate actual y anticipa un nuevo capítulo de fuerte disputa política en el Parlamento.