La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso y establece un nuevo marco para que personas y empresas puedan regularizar activos no declarados. El objetivo central es facilitar el ingreso de bienes y divisas al sistema formal, reducir la litigiosidad tributaria y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

La norma introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y en distintos procedimientos fiscales, con un enfoque que combina incentivos a la regularización y sanciones más claras para los incumplimientos.

Régimen simplificado y regularización

Uno de los ejes de la ley es la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados requisitos. Bajo este esquema, la declaración jurada se basa en información preexistente y busca reducir la carga administrativa.

Además, la norma establece que, si el contribuyente cancela su deuda antes de una denuncia penal, no se inicia la acción judicial, lo que incentiva la regularización voluntaria.

Requisitos y límites para acceder

La ley fija límites de ingresos y patrimonio para acceder a los beneficios del régimen simplificado. Quienes superen esos umbrales quedan excluidos y deberán cumplir con el esquema general del sistema impositivo.

El objetivo es evitar que grandes contribuyentes utilicen un mecanismo pensado principalmente para facilitar la formalización de activos pequeños y medianos.

Multas y sanciones actualizadas

La Ley de Inocencia Fiscal actualiza de manera significativa las multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas. Las sanciones pasan a ser más elevadas y buscan tener un efecto disuasivo real.

En algunos casos, la norma prevé instancias previas de intimación para que el contribuyente regularice su situación antes de la aplicación de multas más severas.

Cambios en la acción penal y la prescripción

La ley también modifica los plazos de prescripción para la determinación de impuestos y sanciones. Para los contribuyentes cumplidores, los plazos se reducen, mientras que se redefinen las condiciones para iniciar o extinguir acciones penales en materia tributaria.

Estos cambios apuntan a dar mayor seguridad jurídica y reglas más claras en la relación entre el fisco y los contribuyentes.

Qué implica para contribuyentes y pymes

Para monotributistas, pymes y pequeños contribuyentes, la ley abre una oportunidad para formalizar activos sin enfrentar sanciones extremas. Al mismo tiempo, introduce un esquema de multas más exigente que obliga a prestar mayor atención al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El impacto final dependerá de la reglamentación y de cómo se aplique el régimen en la práctica.