La Legislatura de Tucumán confirmó que la primera sesión del año será el próximo martes a las 9, tras la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

En el temario figuran dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo, que buscan ajustar el gasto público y facilitar la ejecución de obras.

Qué establece el DNU que limita las designaciones

El primero de los decretos es el Decreto 11/3 (MEyP), ingresado el 29 de diciembre. El texto fija restricciones por dos años para la designación de personal en el Poder Ejecutivo, con algunas excepciones, y además invita a los otros poderes del Estado y a los municipios a adherir a la medida.

Según Acevedo, este DNU busca "dar un ejemplo desde el Estado" en un contexto de caída económica y recaudación, y fue respaldado por el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, quien afirmó que la norma apunta a "mantener las plantas de personal y ajustar el gasto".

Alivio para contratistas: eximen certificado fiscal hasta fin de año

El segundo decreto en discusión es el Decreto 1/3 (MEyP), enviado el 8 de enero. Este DNU exime hasta el 31 de diciembre de 2026 a las empresas contratistas del Estado provincial de presentar el certificado de cumplimiento fiscal.

Acevedo explicó que se trata de una medida que ya se aplicó en 2024 y 2025, y que busca facilitar la contratación de empresas que, por deudas, no pueden acceder a licitaciones.

Gallia aclaró que la exención no impide al Estado reclamar deudas por vías administrativas o judiciales, sino que se orienta a permitir la continuidad de obras y servicios.

El Gobierno apuesta a la ratificación para impulsar obras públicas

El vicegobernador se mostró confiado en que ambos DNU serán ratificados en la sesión, porque según su visión favorecen el avance de obras públicas en la provincia, tanto las inconclusas como las nuevas.

La discusión se enmarca en un contexto económico complejo a nivel nacional, con caída de la actividad y menor recaudación, lo que impulsa al Gobierno a tomar medidas de ajuste y control del gasto.

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