Las pymes vuelven a advertir por la reforma laboral del Gobierno y piden cambios clave al proyecto

Desde la CAME reclamaron modificaciones al texto que se debatirá en el Senado y cuestionaron la prohibición de los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias. Alertan por inseguridad jurídica y exceso de intervención del Estado.

Las pymes reiteraron sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y reclamaron cambios en artículos sensibles del texto que será tratado en el Senado. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hablaron de una "animosidad con el sector empresarial" y pidieron correcciones para garantizar previsibilidad y reglas claras.

El presidente de la entidad, Ricardo Diab, señaló como uno de los puntos más conflictivos la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, al tiempo que se mantienen los de los gremios.

El reclamo de la CAME y el documento enviado al Senado

Representantes de la CAME, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y ADIMRA, enviaron un documento al Senado con advertencias sobre cinco puntos del proyecto y mantuvieron reuniones con equipos técnicos del oficialismo.

Diab explicó que trabajan en una contrapropuesta que preserve el espíritu de la iniciativa sin afectar derechos: "Nos basamos en cinco puntos. Acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores. La mayor preocupación es generar certidumbre al momento de desvincular personal".

Además, advirtió sobre la complejidad de la implementación del régimen de indemnizaciones: "La ley puede ser clara, pero la aplicación termina en cifras absurdas, y esa es una de nuestras principales preocupaciones".

Los artículos más cuestionados del proyecto

Entre los puntos críticos, Diab cuestionó: 

Artículo 128: prohíbe los aportes obligatorios a asociaciones empresarias, pero mantiene los sindicales.

"Hay una puntuación específica contra un sector que representa a las empresas", sostuvo.

Artículo 126: obliga a renegociar convenios colectivos al vencer, con homologación estatal.

"Si empleador y empleado están de acuerdo, el Estado no debería intervenir", afirmó.

Artículo 132: habilita al Estado a suspender convenios por motivos amplios como "distorsiones económicas graves" o "interés general".

"Podría deshomologarse algo ya acordado, generando controversias e inseguridad", advirtió.

También remarcó que trasladar la negociación salarial a pequeños empresarios sin estructura técnica "no tiene razón de ser".

Contrapunto dentro del sector pyme

En paralelo, la Cámara de la Pyme Metalúrgica (Camima) expresó un apoyo total al proyecto. Su secretario, José Luis Ammaturo, se reunió con asesores del oficialismo para ratificar el respaldo a la Ley de Modernización Laboral.

Desde Camima sostuvieron que existen cámaras y asociaciones que, junto a sindicatos, se oponen para proteger privilegios y financiamiento, y reiteraron su rechazo a los aportes ‘solidarios' obligatorios, por considerarlos contrarios a la libertad de asociación.

"Las pymes necesitan un marco razonable para contratar sin riesgo jurídico ilimitado, garantizando empleo formal y oportunidades de progreso", afirmó Ammaturo. También destacó que la reforma permitiría reducir la litigiosidad, fomentar la inversión y actualizar convenios a las realidades productivas y tecnológicas actuales.

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