Este martes, diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para anular el decreto 4/2025, que extiende hasta el 2027 el Fondo Nacional del Turismo. Este fondo, administrado por Daniel Scioli, se financia con un impuesto del 7% sobre los pasajes aéreos y marítimos al exterior. La Coalición Cívica sostiene que este decreto viola el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que prohíbe al Poder Ejecutivo legislar en materia tributaria mediante decretos.

Debate sobre la constitucionalidad

"De ninguna manera puede aceptarse un precedente de esta naturaleza. El Poder Ejecutivo no puede crear ni prorrogar impuestos sin someterlos a discusión en el Congreso", declaró Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica. Los opositores argumentan que este fondo da a Scioli una amplia discrecionalidad en el uso de los fondos, donde el 40% se destina al fomento del turismo y el 60% a cuestiones administrativas y operativas de la Secretaría. En 2024, este impuesto recaudó alrededor de $197 mil millones, con proyecciones para superar los $300 mil millones en 2025.

Reacciones y propuestas alternativas

La crítica se centra también en la falta de representación en la imposición de nuevos impuestos, evocando el principio de "No taxation without representation". "Como en las viejas épocas kirchneristas, le dan una caja a Scioli a costa del bolsillo de los argentinos", añadió Ferraro.

Mientras tanto, desde el peronismo, la diputada Ana María Ianni propuso un proyecto de ley para extender el fondo hasta 2035, sugiriendo que el 50% de los fondos se utilice para el fomento del turismo nacional, un cambio respecto al actual 40%.

"Ante un decreto que no cumple con los requisitos y normativas, y que más tarde o más temprano puede caer es que decidimos insistir en esta ocasión con la presentación de un Proyecto de Ley que prorrogue el Fondo Nacional de Turismo", expresó Ianni en sus redes sociales.

Este movimiento de la oposición se da en el contexto de la reciente eliminación del impuesto PAIS, lo que había sugerido una tendencia hacia la reducción de la carga impositiva sobre los consumos en el exterior. La controversia en torno a este decreto subraya las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a la política fiscal y la administración de los recursos públicos.