La Libertad Avanza llevará al Congreso la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
El oficialismo convocó a sesión en Diputados para el jueves de la semana que viene, un día después de que el Senado trate la reforma laboral. El miércoles habrá un plenario de comisiones para firmar el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Cámara de Diputados sesionará el próximo jueves para tratar el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La convocatoria surge tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición, según confirmaron fuentes parlamentarias.
El miércoles, un día antes de la sesión, se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para la firma del dictamen. El despacho anterior, logrado el año pasado, perdió estado parlamentario, por lo que se requiere la reaprobación formal, aunque se respetarán los consensos alcanzados.
Cambios clave del proyecto
El nuevo régimen establece:
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Edad mínima de imputabilidad: 14 años.
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Pena máxima: 15 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.
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Privación de libertad como último recurso, priorizando penas alternativas: trabajos comunitarios, reparación del daño o prohibiciones de acercamiento a la víctima.
Además, el proyecto contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, garantizando educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y queda prohibida la convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas, también se incluyen la amonestación, el monitoreo electrónico, la prohibición de concurrir a determinados lugares o conducir vehículos, la mediación penal juvenil y la suspensión de procesos a prueba en infracciones leves.
Medidas complementarias y financiamiento
El proyecto incorpora programas educativos, culturales, deportivos y de capacitación laboral, junto con asistencia psicológica y médica. Se establecen controles a cargo de supervisores especializados con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.
En materia de financiamiento, las provincias podrán suscribir convenios con Nación para cubrir los costos adicionales que implique la aplicación del nuevo régimen. Fuentes del oficialismo aseguraron que se cuentan con los votos necesarios para aprobar la media sanción, dado que ahora LLA es la primera mayoría en Diputados.