La Legislatura de Tucumán volverá a sesionar la próxima semana para debatir dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo antes de iniciar su licencia. Se trata del congelamiento de nombramientos en la administración pública y de la prórroga de beneficios para empresas contratistas del Estado.

La reactivación de la actividad parlamentaria fue confirmada tras una reunión entre el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Sesión extraordinaria y plazos para los DNU

Acevedo adelantó que este jueves habrá reunión de labor parlamentaria, donde se definirá la fecha exacta de la sesión, que se realizaría entre martes y jueves de la próxima semana.

Desde la Legislatura recordaron que los DNU tienen 20 días hábiles para ser tratados o rechazados. Mientras tanto, continúan plenamente vigentes. El oficialismo anticipó que buscará ratificar ambos decretos, aunque reconocen que habrá posturas encontradas en el recinto.

Beneficios para contratistas y polémica constitucional

Uno de los puntos más discutidos será el DNU que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas que contraten con el Estado provincial.

El Ejecutivo justificó la medida en la crisis económica, con el objetivo de agilizar las compras y contrataciones y evitar trabas administrativas. Sin embargo, desde la oposición, el legislador Walter Berarducci anunció que pedirá el rechazo del decreto al considerar que invade atribuciones legislativas en materia tributaria.

En respuesta, el fiscal de Estado adjunto Raúl Ferrazzano defendió la constitucionalidad del DNU y aseguró que no crea ni elimina impuestos, sino que suspende de manera transitoria un requisito administrativo.

Congelamiento de nombramientos y ajuste del gasto

El segundo decreto a tratar dispone el congelamiento de nombramientos y nuevas contrataciones en el Poder Ejecutivo desde el 1 de enero de 2026, en el marco de la emergencia económica y social.

La medida tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de extensión, y busca contener el gasto público y optimizar los recursos humanos existentes. Solo se permitirán excepciones para funciones esenciales, que deberán contar con aval del Ministerio de Economía y Producción.

Además, el DNU habilita la reasignación de personal entre áreas del Estado y establece controles estrictos sobre incrementos salariales, con sanciones para los funcionarios que incumplan la norma.