La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó una queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para cerrar una demanda civil en su contra por daños y perjuicios al Estado. La denuncia, impulsada originalmente por Javier Iguacel durante el gobierno de Mauricio Macri, reclama más de $22.300 millones por supuestas irregularidades en obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

Cristina Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria, había pedido el archivo del expediente argumentando inactividad procesal de la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, el juez Bruno Dos Santos desestimó ese planteo, y ahora la Cámara confirmó su decisión.

La defensa denunció "persecución judicial"

El abogado de Cristina Kirchner, Luis Goldin, cuestionó el fallo en duros términos y presentó una queja contra el rechazo de la apelación. Sostuvo que el expediente "eterniza una persecución judicial" y acusó a la Justicia de actuar con tecnicismos que perpetúan "la injusticia y la arbitrariedad".

Sin embargo, los camaristas Juan Perozziello Vizier, Guillermo Antelo y Florencia Nallar desestimaron sus argumentos. Afirmaron que la defensa "confunde los fundamentos de fondo con cuestiones de admisibilidad del recurso", y que aceptar esa lógica haría apelables todas las decisiones, aun las que la ley prohíbe.

El Gobierno podrá pedir la actualización del monto

Con este fallo, el Ejecutivo de Javier Milei queda habilitado para reactivar la demanda e incluso actualizar el monto reclamado. Cabe recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández -cuando Cristina fue vicepresidenta- no se avanzó con el proceso.