La resolución de la Cámara confirma lo dictado en primera instancia por el juez Enrique Cormick. El fallo exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, lo que implica una actualización salarial para docentes y no docentes retroactiva al período diciembre 2023 - septiembre 2025. Además, ordena la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles, un punto sensible tras las masivas marchas federales de 2024 y 2025 bajo el lema "Si hay veto, hay marcha".

El tribunal fue tajante al desestimar el principal escudo del Gobierno: el equilibrio fiscal. Los magistrados aseguraron que el impacto económico de la medida es "bajo" y que no se afecta el interés público; por el contrario, señalaron que la demora del Ejecutivo en aplicar una ley sancionada por el Congreso mediante el Decreto 759/2025 presentaba rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".

Los puntos clave del fallo y el conflicto

• Salarios y Becas: La Justicia ordena actualizar haberes y recursos para estudiantes de forma urgente, respaldando el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de más de 40 universidades públicas.

• Seguridad Jurídica: La Cámara desacreditó el argumento oficial de que la ley requiere "fuentes de financiamiento específicas" no previstas, sosteniendo que existe una inobservancia de un deber jurídico concreto.

• Estrategia Oficial: Ante el jaque judicial, la Secretaría de Educación busca ahora consensuar una nueva norma en el Congreso que modifique el esquema actual sin derogarlo, intentando desactivar la conflictividad social que ya generó tomas de facultades y movilizaciones masivas en todo el país.

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