La Justicia le ordenó a Cristina Kirchner y otros devolver $685 mil millones por causa la Vialidad

La Justicia fijó en más de 684 mil millones de pesos el monto que Cristina Kirchner y los demás condenados deberán restituir al Estado por la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 recibió por parte de peritos contables de la Corte Suprema el cálculo actualizado del perjuicio económico que provocaron los condenados en la causa Vialidad. Según el informe, el monto total asciende a 684.990.350.139,86 pesos, cifra que se determinó aplicando los índices de inflación del INDEC hasta mayo de 2025.

Este valor representa la devolución que deberá realizar Cristina Kirchner junto a otros imputados por haber favorecido de manera irregular a empresas vinculadas a Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública.

Tienen 10 días para pagar o arranca la ejecución de bienes

Con el informe técnico ya en manos del juez Jorge Gorini, los condenados tienen 10 días hábiles para depositar el total del dinero exigido. En caso de incumplimiento, la Justicia avanzará con el decomiso y subasta pública de los bienes involucrados en la causa.

La expresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, cuenta con un patrimonio que incluye 26 propiedades -entre Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires-, cuentas bancarias en pesos y dólares, empresas familiares como Los Sauces, Hotesur y Coma S.A., y hasta una caja de seguridad en el Banco Galicia. También se suman inversiones financieras y títulos públicos.

Además, su hija Florencia posee depósitos por 5,6 millones de dólares, también bajo análisis judicial.

Lázaro Báez y su imperio de propiedades en la mira

En el caso de Lázaro Báez, la lista de bienes que podrían ser utilizados para cumplir con el fallo judicial es aún más extensa. Se detallan 132 inmuebles en Santa Cruz, otros en Buenos Aires y Chubut, y 37 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. A eso se suman sus conocidas estancias -como Cruz Aike y Río Olnie- y firmas como Austral Construcciones, Loscalzo, Del Curto SRL y Gotti S.A.

Se trata del mayor decomiso económico en una causa por corrupción en la historia judicial argentina. La etapa de ejecución podría marcar un punto de inflexión en los procesos vinculados a delitos contra la administración pública.

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