La Cámara Federal porteña confirmó que la justicia argentina es competente para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal. Esto se da tras rechazar un nuevo pedido de nulidad y eximición de prisión del ex dirigente chavista Justo José Noguera Pietri, solicitado por su defensa.

Noguera Pietri, al igual que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, tiene pedido de captura internacional desde 2024. La reciente detención de Maduro en Estados Unidos por narcotráfico generó que la querella y el fiscal federal Carlos Stornelli solicitaran su extradición en la causa por delitos de lesa humanidad.

Defensa y querella: un choque de planteos

La defensa, liderada por el abogado Fernando Sicilia, sostenía que la justicia argentina no era competente y que el caso debería trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI).

Por su parte, la querella, a cargo de Waldo Wolff y Tomás Farini Duggan, logró que se revocara el acceso parcial al expediente que había sido concedido a la defensa antes de la indagatoria. Alegaron que esto podría poner en riesgo la integridad física de las víctimas, dada la posición de poder de Noguera Pietri en Venezuela.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi respaldaron la postura de la querella y destacaron que los hechos denunciados revisten extrema gravedad y afectan derechos humanos fundamentales, habilitando la protección universal inmediata.

Eximición de prisión y próximos pasos

El tribunal también negó la eximición de prisión solicitada por Noguera Pietri, considerando que permanece en libertad en Venezuela y mantiene vínculos con estructuras de poder. Además, la expectativa de pena elevada hace inviable dicho beneficio, que ya había sido rechazado en 2025.

La causa continúa bajo la jurisdicción argentina, aunque los jueces aclararon que podría revisarse si se acreditara la existencia de procesos en curso ante la CPI en La Haya, evitando así la doble persecución penal.

Desde 2024, el juez federal Sebastián Ramos libró órdenes de detención internacional contra una decena de acusados, todos imputados por un plan sistemático de torturas, secuestros y ejecuciones desde los más altos niveles del poder venezolano.