La Iglesia Católica de Tucumán manifestó su firme oposición a los proyectos legislativos que proponen la baja de la edad de imputabilidad de los menores, en una reunión sostenida ayer por el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, con diputados y senadores nacionales. 

De la reunión de ayer participaron monseñor Sánchez y otras autoridades eclesiásticas; los diputados Pablo Yedlin y Gerardo Huesen; y el abogado Juan Andrés Robles en representación de Carlos Cisneros. También, las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.

En un comunicado emitido por la Pastoral Social, la institución destacó su inquietud por la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos vulnerables, y rechazó cualquier intento de reformar el régimen penal juvenil que busque disminuir la edad de punibilidad, incluso hasta los 13 años.

Durante el encuentro, Sánchez subrayó que las propuestas de reforma surgen de la experiencia en el trabajo con realidades sociales complejas, incluyendo la situación en cárceles y el impacto en familias. "Queremos ser la voz de aquellos que han sido cercenados en sus derechos", manifestó el arzobispo, enfatizando que los adolescentes no son el principal causante de la inseguridad en el país. Según estadísticas de la Corte de la Nación de 2023, los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan solo el 0,4% del total.

El documento también argumentó que la reducción de la edad de punibilidad no demostró ser una medida efectiva para combatir la inseguridad, y que muchos adolescentes que delinquen están influenciados o manipulados por adultos. "Proponer esta baja como solución es evadir la responsabilidad que todos tenemos ante esta realidad", se afirma en el texto.

La Iglesia aboga por un nuevo régimen penal juvenil que promueva el desarrollo de los menores sin reducir la edad de punibilidad. Propone fortalecer los dispositivos actuales y fomentar una justicia restaurativa centrada en la prevención del conflicto con la ley, en lugar de la represión.

Además, el arzobispado sugiere que cualquier reforma de la ley debe ir acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. Esto incluye programas de reinserción social y educativa, tratamiento de consumos problemáticos, capacitación en oficios y sanciones alternativas que alejen a los jóvenes del delito.