El Gobierno de Javier Milei sigue implementando recortes dentro de su estrategia de "motosierra 2.0", que busca reducir el gasto público y aumentar la eficiencia del sector público. En este sentido, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, anteriormente dependiente del Ministerio de Economía, marca un nuevo paso. La medida implica la desvinculación de unos 500 empleados, lo que refuerza el objetivo de la administración de optimizar los recursos.

Reducción de personal y ahorro fiscal

La disolución de esta secretaría fue formalizada en la resolución 150, publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión tiene impacto directo sobre el personal, con 500 empleados desvinculados, incluidos los contratados. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el ahorro que se generará al eliminar estos cargos permitirá una reducción fiscal significativa, estimada en $6.500 millones anuales. Además, el funcionario adelantó que también se eliminarán contratos de auditores vinculados al área de Hábitat, lo que acentuará la racionalización del gasto público.

Unificación de los sistemas de contratación pública

Como parte de su plan de desregulación, el Gobierno de Milei también avanzó en la simplificación de los procedimientos burocráticos para la contratación de obras públicas. A través de un decreto, se unificaron los sistemas de inscripción para las empresas que quieran participar en obras públicas, lo que promete reducir la burocracia y agilizar los trámites. Con esta medida, también se derogan dos registros clave: el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, que supervisaban la calificación y contratación de empresas en el sector.

Impacto en el empleo público y en la gestión estatal

Durante 2024, la administración de Milei ya había tomado decisiones drásticas en cuanto a reducción de personal estatal, con más de 37.000 despidos en diversas áreas del Gobierno, incluyendo tanto la administración central como las empresas estatales. Estos recortes son presentados por el Gobierno como una medida necesaria para poder bajar los impuestos y mejorar la competitividad del sector privado, sin comprometer el equilibrio fiscal.

Con estas decisiones, la gestión de Javier Milei parece estar consolidando su estrategia de desregulación y austeridad, mientras se enfoca en reducir el tamaño del Estado y reorientar los recursos hacia políticas de menor intervención.