A dos meses de su creación, el Consejo de Mayo, previsto por el decreto 617/2024 del 16 de julio para asesorar en la implementación del Pacto de Mayo, aún no avanzó en la conformación ni en la redacción de borradores. Este órgano, que debería incluir a representantes de distintos sectores para elaborar proyectos de ley y ejecutar actos administrativos, ha sido objeto de críticas por su falta de actividad. Hasta ahora, solo Federico Sturzenegger fue designado, y no se nombraron los restantes miembros.

La CGT y las principales organizaciones empresariales expresaron su descontento, afirmando que no han sido convocados a ninguna reunión y que el consejo parece ser una "cáscara vacía". La falta de progreso en la creación y funcionamiento del Consejo de Mayo intensificó las críticas hacia el gobierno y generó preocupación entre los gobernadores.

La situación se agravó tras la reciente presentación del presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei, quien solicitó ajustes significativos que alcanzan los 60.000 millones de dólares. La demanda de ajuste aumentó el malestar entre los gobernadores, quienes ya enfrentan deudas acumuladas por obras públicas, cajas jubilatorias y el estado de las rutas.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, fue el primero en manifestar públicamente su descontento, afirmando que la provincia ya hizo un esfuerzo mayor al de la Nación y que no puede asumir más carga. La preocupación también se extiende a otros gobernadores, quienes se enfrentan a problemas similares y han visto caer la popularidad del presidente mientras mantienen altos índices de aceptación en sus propias provincias.

Ayer, se llevó a cabo una reunión virtual entre funcionarios nacionales y representantes provinciales para discutir el presupuesto. Sin embargo, la sesión resultó poco productiva, y muchos gobernadores consideraron que fue "insustancial". Las discusiones se centraron en los ajustes presupuestarios propuestos, que incluyen un dólar proyectado a $1.207 y una inflación del 18,3%, pero los reclamos específicos de las provincias, como las deudas por obras y el estado de las rutas, siguen sin resolverse.

Los gobernadores también están preocupados por la falta de respuestas a los reclamos de deudas y certificados vencidos de obras traspasadas a las provincias, que han permanecido paralizadas. La falta de compromiso por parte del gobierno para resolver estos temas ha exacerbado la frustración en las provincias.

La comunicación entre el gobierno central y los gobernadores parece ser un problema persistente. La ausencia de Jorge Macri en la reunión de Zoom y el manejo intermitente de las discusiones sobre la coparticipación también han generado descontento. Este martes, se llevará a cabo una reunión en la Corte Suprema para discutir la modalidad de cumplimiento de la cautelar relacionada con la coparticipación, con la administración porteña exigiendo un acuerdo formal sobre el pago que se realiza semanalmente.