La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encendió las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en Argentina durante 2024. En su informe anual, el organismo regional denunció retrocesos significativos en garantías básicas y cuestionó severamente el accionar del gobierno de Javier Milei en múltiples áreas.

El documento hace foco en tres ejes críticos: recortes sociales, represión a manifestantes y periodistas, y el vaciamiento de políticas de género y memoria. Según la CIDH, la reestructuración estatal impulsada por La Libertad Avanza "impactó de forma negativa en los sectores más vulnerables" y debilitó el sistema de protección social, incluyendo jubilaciones y pensiones.

Represión y discursos estigmatizantes: puntos clave del informe

El informe denuncia el uso desproporcionado de la fuerza pública, especialmente durante protestas contra la Ley Bases y el veto a la movilidad jubilatoria. La CIDH subrayó que la represión alcanzó incluso a jubilados y trabajadores de la economía popular, y afectó el trabajo de periodistas durante las coberturas.

Otro punto alarmante fue la situación de los derechos de las mujeres y diversidades. Por primera vez desde el regreso de la democracia, el país no cuenta con un organismo rector en políticas de género, lo que según la CIDH implica un fuerte retroceso en la lucha contra la violencia machista y en el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Además, se cuestionaron restricciones en la aplicación de la Ley de Identidad de Género, especialmente en contextos de encierro, y discursos de funcionarios que estigmatizan identidades sexuales y la perspectiva de género.

Menos transparencia y libertad de expresión en riesgo

La CIDH también criticó cambios normativos que limitan el acceso a la información pública, afectando la transparencia estatal. A esto se suma un "ambiente deteriorado para el ejercicio de la libertad de expresión", marcado por baja tolerancia a la crítica desde el Poder Ejecutivo y mensajes públicos estigmatizantes hacia la prensa.

Aunque el informe reconoce la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, advierte sobre el cierre de espacios institucionales clave y la reducción de capacidades estatales para sostener esas políticas.