La jueza Martina Forns, del fuero civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, ordenó la suspensión del decreto 461 firmado por el presidente Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La medida llega como respuesta a un planteo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que advirtió sobre el riesgo de cesantías, traslados y pérdida de estabilidad laboral para el personal del organismo.

La decisión judicial es una medida cautelar válida por seis meses y ordena al Ejecutivo no ejecutar ningún cambio estructural ni laboral vinculado a la Dirección, mientras se analiza el fondo del caso.

¿Por qué se frenó el decreto?

En su fallo, Forns sostuvo que existen dos condiciones claves para dictar esta medida: la verosimilitud del reclamo y el peligro en la demora. Según explicó, la disolución de Vialidad implica una amenaza directa a los derechos laborales protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos vigentes.

Además, la jueza advirtió que el decreto sometía las decisiones de personal a la discrecionalidad de la Secretaría de Transformación del Estado, quitando margen a la negociación colectiva y afectando principios como la estabilidad laboral y la autonomía sindical.

Qué dice el fallo y qué puede pasar ahora

La resolución judicial considera que las medidas dispuestas por el Gobierno pueden causar un daño inminente e irreparable para cientos de trabajadores. En ese marco, Forns señaló que la urgencia justifica la intervención judicial para prevenir perjuicios mayores.

El Ejecutivo tiene la posibilidad de apelar la medida, en cuyo caso la Cámara Federal de San Martín deberá revisar el fallo.