La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ordenó congelar US$280 millones relacionados con el token $LIBRA, cuya promoción pública incluyó al presidente argentino Javier Milei. La medida busca preservar los fondos mientras avanza una causa por fraude masivo, en la que se estima que más de 75.000 personas habrían sido estafadas.

La jueza Jennifer Louise Rochon también ordenó inmovilizar otros US$58 millones alojados en billeteras virtuales asociadas, según documentación difundida por el estudio jurídico Treanor, impulsor de la denuncia.

"Es un paso clave para garantizar justicia a quienes fueron engañados con promesas falsas sobre el impacto de $LIBRA en la economía argentina", sostuvo Timothy Treanor, exfiscal federal y actual representante legal de los damnificados.

Acusaciones, demandas y fraude cripto

El caso está centrado en Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y en el empresario Benjamin Chow, señalados como responsables de un esquema fraudulento que también incluyó otra criptomoneda previa, $M3M3, lanzada en diciembre de 2024. Ambos proyectos están siendo investigados por haber manipulado el precio de los tokens en plataformas descentralizadas como Meteora, creando un falso atractivo para inversores.

Según los documentos judiciales, el modelo de estafa incluyó:

• Precio inflado artificialmente mediante liquidez controlada.

• Promoción mediática y política.

• Retiros millonarios de los insiders antes del desplome de valor.

¿Cuál fue el rol de Milei?

El presidente Javier Milei fue mencionado en varias oportunidades dentro de la demanda colectiva por su apoyo público al lanzamiento de $LIBRA, el pasado 14 de febrero. Sin embargo, no fue incluido como demandado, una decisión estratégica para evitar conflictos diplomáticos o dilaciones procesales, según trascendió.

Otros funcionarios y allegados que participaron en la difusión del proyecto, como Karina Milei, Ariel Parkinson y Sergio Morales, tampoco fueron acusados formalmente.

Lo que sigue

La audiencia preliminar está programada para el 9 de junio, donde se debatirá si las órdenes de congelamiento se mantienen o si el caso avanza hacia un juicio por fraude financiero de escala internacional.