Luego del rechazo de la jueza Loretta Preska al pedido argentino para frenar la entrega de acciones de YPF, el Gobierno confirmó que apelará la decisión ante la Cámara de Apelaciones. Así lo afirmó el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, quien explicó que la medida judicial "no está firme, pero se puede ejecutar", motivo por el cual ya iniciaron acciones para suspender sus efectos de forma urgente.

"La sentencia no es definitiva y estamos agotando todas las instancias para frenarla", explicó Stampalija en declaraciones televisivas. La apelación busca que la Cámara no solo suspenda la ejecución inmediata, sino también que revoque el fallo que obliga a transferir los títulos de la petrolera.

Argentina redobla su estrategia judicial ante el avance de Burford y Eton Park

Desde septiembre de 2023, cuando Preska dictó el fallo en primera instancia, el Estado argentino viene cuestionando tanto el monto como el proceso del juicio. La condena original por la expropiación de YPF asciende a más de 17.700 millones de dólares con intereses, a favor de los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos litigiosos al grupo Petersen.

Stampalija destacó que aún resta una definición clave por parte de la Cámara de Apelaciones, que podría reducir considerablemente la cifra o incluso revertir la sentencia. Además, insistió en que el fallo "carece de razonabilidad" y que "no se cumplió el debido proceso", al tiempo que se presentó una solicitud para que la Cámara otorgue una suspensión temporal mientras se resuelve el fondo del reclamo.

Milei cuestiona el fallo y niega su aplicación en Argentina

En paralelo, el presidente Javier Milei volvió a rechazar públicamente el fallo. "No tiene aplicación porque viola la ley argentina. Para ejecutarlo debería haber una ley del Congreso aprobada por dos tercios, y eso no va a ocurrir", aseguró el mandatario.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener los efectos de la decisión judicial y evitar que otros acreedores se sumen al reclamo. La entrega de acciones estatales de YPF sería un precedente delicado y podría desencadenar nuevas presiones sobre el país.