La jueza neoyorquina Loretta Preska convocó a una audiencia judicial para el próximo lunes 15 de julio en el marco de la causa por la expropiación de YPF. La cita, programada a las 10 de la mañana (hora local), se realizará en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York, y podría marcar un nuevo punto de inflexión en la disputa legal que enfrenta a la Argentina con los fondos litigantes.

La audiencia fue solicitada por los beneficiarios del fallo contra el Estado argentino, que buscan obligar al país a brindar información detallada sobre empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. El objetivo: avanzar en posibles embargos como parte del proceso de ejecución de la sentencia por 16.000 millones de dólares.

Qué se juega Argentina en esta instancia

Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, los demandantes apuntan a demostrar que estas entidades estatales actúan como "alter ego" del Estado, lo que habilitaría embargar sus activos en el exterior.

Este nuevo capítulo llega pocos días después de que la Argentina apelara la orden de Preska que la obliga a entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos del Estado. La apelación fue presentada el 9 de julio ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, representante legal del país.

En paralelo, el Gobierno había solicitado un "stay" (suspensión de ejecución), cuyo resultado aún está pendiente. Si Preska no concede esa suspensión y la Cámara no resuelve antes del lunes, Argentina podría quedar en situación de desacato si no pone activos como garantía.

La estrategia del Gobierno: defensa total y cero negociación

Desde Casa Rosada aseguran que no habrá margen para negociar con los fondos litigantes. "La estrategia será judicial hasta las últimas consecuencias", remarcan fuentes cercanas al presidente Javier Milei. También señalaron que pedirán apoyo al Gobierno de Estados Unidos, como ya ocurrió en instancias anteriores.

El oficialismo apunta contra exfuncionarios y sectores políticos y económicos que, según interpretan, "alimentan a los fondos buitre" con declaraciones y maniobras que debilitan la posición del país.

El caso YPF, originado en la expropiación decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, ya lleva más de una década en tribunales. En 2023, Preska falló en contra del Estado argentino por mala praxis expropiatoria. Hoy, con una sentencia apelada pero vigente, el país enfrenta una batalla legal en múltiples frentes que podría tener consecuencias concretas sobre activos estratégicos.