El Juez Maraniello bajo investigación por vínculos con HLB Pharma y posible corrupción judicial
El juez federal Alejandro Maraniello enfrenta una denuncia por presunto mal desempeño y conflictos de interés vinculados al laboratorio HLB Pharma, involucrado en la crisis por fentanilo contaminado. Además, se reveló que recibió pagos para viajes a Estados Unidos de parte del dueño de la empresa investigada.
Denuncia contra Maraniello por presunto mal desempeño y censura
La exdiputada Elisa Carrió, junto a legisladores de la Coalición Cívica, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Alejandro Maraniello. La acusación apunta a un supuesto mal desempeño, abuso de autoridad y violación a la imparcialidad, especialmente tras la polémica decisión que ordenó la censura de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Los denunciantes solicitan la apertura del proceso de remoción, la suspensión inmediata del cargo y la formulación de cargos, resaltando que la medida de censura viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Vínculos cuestionados con HLB Pharma y el empresario Ariel García Furfaro
Un aspecto clave de la denuncia gira en torno a los vínculos del juez con el laboratorio HLB Pharma, cuya producción contaminada de fentanilo está relacionada con casi 100 muertes. El dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, detenido en la investigación, habría financiado viajes de Maraniello a Estados Unidos mediante una asociación de abogados y magistrados que el juez preside.
Además, esta asociación cuenta con auspiciantes cuestionados, incompatibles con el ejercicio de la magistratura, lo que genera sospechas de tráfico de influencias y compromete la independencia judicial.
Acumulación de denuncias y posibles irregularidades internas
Maraniello no solo está bajo la lupa por este escándalo: acumula cinco expedientes en el Consejo de la Magistratura, incluyendo denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género, muchas presentadas por empleados de su propio juzgado. En respuesta, se dictó una consigna policial permanente para proteger al personal, un indicio de la gravedad de la situación.
También se investiga la gestión irregular en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina, lo que completa un cuadro de denuncias que, según la Coalición Cívica, demuestra un "grave incumplimiento de sus deberes y un daño severo a la confianza pública en la Justicia".