El Senado aprobó este miércoles la ley de recomposición jubilatoria con 52 votos a favor y 4 abstenciones. También se prorrogó la moratoria previsional con 39 votos positivos, 14 negativos y una abstención. La sesión, que se llevó a cabo sin convocatoria formal y fue presidida inicialmente por la kirchnerista Silvia Sapag, fue desconocida por el oficialismo, que abandonó el recinto junto a gran parte del PRO en señal de protesta.

Las votaciones se realizaron a viva voz debido a la caída del sistema electrónico, lo que desató denuncias de sabotaje. José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, acusó al Gobierno de intentar boicotear la sesión. Pese a las irregularidades denunciadas, se logró el quórum gracias al apoyo de algunos radicales, representantes de fuerzas provinciales y del interbloque Las Provincias Unidas.

El aumento y la interna en La Libertad Avanza

La ley aprobada contempla un aumento del 7,2% en las jubilaciones y eleva a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima. La moratoria permitirá que personas sin los años de aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Ambas medidas fueron rechazadas por Javier Milei, quien anticipó que las vetará por su impacto fiscal.

La vicepresidenta Victoria Villarruel abrió la sesión pero luego se retiró, generando una fuerte interna en el oficialismo. Patricia Bullrich la acusó públicamente de "ser cómplice del kirchnerismo destructor" y la llamó a ponerse del lado de quienes votaron por el cambio. Villarruel respondió con dureza en redes sociales, recordando el pasado de Bullrich en Montoneros.

Acusaciones cruzadas y tensión en el recinto

La sesión estuvo marcada por duras discusiones. Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista, declaró inválido el debate por considerar que se violaron normas del Reglamento y la Constitución. Martín Lousteau y Pablo Blanco le salieron al cruce y defendieron la validez de la sesión.

Los senadores también debatieron el orden del temario. Mientras el kirchnerismo buscó avanzar primero con los temas previsionales, sectores de la UCR pretendían arrancar con el rechazo al fallo por YPF y la emergencia en discapacidad. Los proyectos impulsados por los gobernadores, vinculados al reparto de fondos fiduciarios y de los ATN, quedaron para el final.