"Estamos haciendo demasiados esfuerzos en tierra, pero el aire sigue descuidado", afirmó Osvaldo Jaldo al confirmar que la Provincia avanza en un proyecto para monitorear los cielos tucumanos y frenar el ingreso de droga por vía aérea.
El mandatario reconoce que Tucumán no puede actuar solo, por eso este jueves mantendrá una reunión clave en Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar acciones y avanzar en un esquema conjunto.

Según adelantó el gobernador, la primera etapa consistirá en detectar y reportar vuelos irregulares para que la Nación intervenga de inmediato. El objetivo es sumar vigilancia complementaria al trabajo que ya realiza el Operativo Lapacho.

Tucumán sería la primera provincia con un sistema de alerta aérea

Aunque el control del espacio aéreo es competencia federal, el plan prevé una cooperación más amplia: no solo con el Gobierno nacional, sino también con provincias vecinas donde las avionetas podrían aterrizar o descarar la droga desde el aire.
Las aeronaves utilizadas por las bandas narco suelen transportar entre 300 y 500 kilos por vuelo, lo que vuelve indispensable cerrar esas rutas clandestinas.

Si el proyecto avanza, Tucumán se convertiría en la primera provincia del país en contar con un sistema propio de alerta temprana. En experiencias anteriores, los gobernadores colaboraron con la Nación únicamente cediendo terrenos para instalar equipos, pero nunca con un esquema de monitoreo directo como el que impulsa Jaldo.

Agenda en Nación: seguridad, presupuesto y reclamo por fondos

Tras el encuentro con Monteoliva, Jaldo seguirá su agenda en Buenos Aires. El viernes, desde las 13, se reunirá con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las rondas de diálogo que la Casa Rosada sostiene con mandatarios provinciales.

El Gobierno Nacional busca garantizar apoyos para la aprobación del Presupuesto 2026, un tema que mantiene en vilo al oficialismo. Jaldo, por su parte, insistirá en un punto clave para Tucumán: la devolución de los fondos que la Provincia adelantó para obras públicas y atención sanitaria -incluido el PAMI- a la espera de los pagos de la Nación.