La frase no pertenece a un denunciante ni a un dirigente opositor. Surge de las entrañas propio del Tribunal de Cuentas, y hace referencia a la conclusión a la que arribaron sus inspectores fiscales, cuando fueron a intentar hacer inspeccionar el Pabellón 8, "Cura Brochero", del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz,  y se dieron cuenta que la obra estaba terminada.

"Se constató que los trabajos se encontraban terminados", señalaron en un dictamen del Tribunal que hoy quisieran hacer desaparecer, porque ese dato pone en duda una de las funciones que tiene el Tribunal de Cuentas: el control preventivo. Porque el Tribunal de Cuentas no está para llegar después, y en este caso, cuando el organismo de control intervino, ya no había nada que prevenir: la obra ya estaba hecha.

A partir de este hecho surge un interrogante. ¿Qué pasa cuando el órgano de contralor llega tarde? En este caso tenemos, por un lado, lo que pasa por la vía administrativa formal; y, por otro lado, lo que ocurre por fuera de esos canales. Y lo que debería ser una investigación compleja, terminaría siendo la orquestación de una maniobra pensada para convalidar todo lo actuado.

Según el testimonio de funcionarios jerárquicos del TC, fue el propio Miguel Chaiben Terraf quien impulsó una salida alternativa para revertir el problema. La misma, consiste en convalidar la obra por decreto y reencauzar el expediente.

Pero la cuestión no se agota en un tardío decreto. También implica "ordenar" el expediente, es decir, revisar y depurar actuaciones para que no quedaran expuestas las fallas en el control preventivo. En criollo: borrar las huellas.

Y esa habría sido la línea que Terraf bajó hacia adentro del organismo. La indicación alcanzaba incluso a quienes habían dejado constancia del problema: los inspectores fiscales que verificaron que la obra ya estaba terminada y los equipos legales que habían objetado una resolución de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, que convalidaba la Recepción Definitiva anticipada de la obra, posibilitando que la empresa HAGA UTE se desentendiera de los posibles vicios ocultos de la obra, yendo en sentido contrario a lo que establece la Ley de Obras Públicas que rige en la provincia.

Pero más allá de los tecnicismos y las interpretaciones de la ley, acá hay algo que hay que aclarar y es que acá no se está discutiendo si una obra está mal hecha o no, se está discutiendo otra cosa: qué hace el Tribunal de Cuentas, cuando queda expuesto que no controló, o que no lo hizo a tiempo. Y la respuesta que aparece no es corregir, sino acomodar. No es revisar, sino tapar.

 Un circuito que se repite 

En una provincia donde ya hubo obras que fallaron -puentes que no resistieron, estructuras que cedieron-, el control preventivo no debería ser un trámite formal. Sin embargo, todo parece indicar que desde 2006 a esta parte, lo que debería ser un control en triple instancia por parte del Tribunal de Cuentas terminó siendo, en muchos casos, un control testimonial.

Por eso lo que aparece acá no es menor. Porque si el Tribunal de Cuentas llega tarde y después "ordena" el expediente para que todo cierre, la pregunta ya no es sobre esta obra. Es otra: ¿Estamos ante un modus operandi? ¿Cuántas obras más entraron en este mismo circuito? ¿Cuántas veces se llegó después? ¿Cuántas veces se acomodó lo que no se controló? Y sobre todo, ¿Quién gana cuando el control entra en ese circuito?.

Porque cuando los papeles se corrigen después de los hechos, ya no se está controlando. Se está haciendo otra cosa. Y eso, en Tucumán, nunca es gratis.