La Legislatura de Córdoba vivió una mañana de máxima tensión tras un sorpresivo allanamiento ordenado por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino. Agentes de la Policía provincial y de la Dirección de Investigación Operativa ingresaron a distintas oficinas para secuestrar contratos, normativas internas y reglamentos administrativos, en el marco de una causa que apunta a esclarecer posibles irregularidades en la contratación de personal.

La medida fue autorizada por el juez de Control Gustavo Hidalgo y generó un fuerte impacto entre empleados y funcionarios, que observaron el operativo mientras se desarrollaba en pleno horario laboral.

Según trascendió, el procedimiento se vinculó directamente con la causa conocida como la de la "empleada fantasma", un escándalo que puso bajo la lupa el manejo de los recursos humanos del Poder Legislativo.

El origen del caso: la maniobra detectada en un banco

La investigación se inició tras una denuncia derivada de un episodio ocurrido en enero. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Guillermo Kraisman -imputado- intentó, junto con Luciana Castro, cobrar el primer sueldo de Virginia Martínez, una mujer contratada por la Legislatura.

Para concretar el cobro presentaron su DNI y se hicieron pasar por beneficiarios de la operación, pero el cajero advirtió inconsistencias y activó el protocolo interno. La maniobra fue frenada y ambos quedaron detenidos el 16 de enero, imputados por intentar apropiarse de fondos estatales con una identidad ajena.

Ese hecho destapó sospechas sobre un posible esquema de contrataciones sin actividad real, lo que dio lugar a una pesquisa más amplia sobre los vínculos laborales dentro del Poder Legislativo provincial.

Qué busca la Justicia y cómo sigue la investigación

Según el portal El Doce, el allanamiento buscó garantizar el acceso a toda la documentación necesaria para determinar si existieron maniobras sistemáticas en la gestión de los contratos. Entre lo secuestrado se incluyeron:

• Contratos de personal recientes y anteriores.

• Normativas administrativas internas.

• Reglamentaciones sobre designaciones y funcionamiento del área de Recursos Humanos.

Los documentos serán analizados por equipos técnicos de la fiscalía para detectar patrones, irregularidades o esquemas de incorporación ilegal. Fuentes judiciales señalaron que, por ahora, no hay nuevos imputados, aunque no se descarta que surjan con el avance del análisis documental.

La causa, que tiene a Kraisman como imputado principal, podría ampliarse si la Justicia encuentra elementos que comprueben la existencia de un sistema de "empleados fantasma" o irregularidades administrativas sostenidas en el tiempo.