Investigan un hackeo a las Fuerzas Armadas que expuso datos de 50 mil efectivos

El Ministerio de Seguridad trabaja junto al Ejército para determinar cómo se filtró información sensible. La Justicia ya interviene en el caso.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, investiga un hackeo que afectó a las Fuerzas Armadas y expuso información personal de al menos 50 mil agentes del Ejército. Según confirmaron fuentes oficiales, los datos filtrados incluyen números de DNI, destinos de servicio, registros de viajes, domicilios familiares y títulos académicos.

El caso está siendo investigado por la Justicia a partir de una denuncia formal del Ejército, que también activó sus protocolos internos. "Estamos en plena etapa de investigación. No sabemos quién lo promovió", indicaron desde el Gobierno.

En paralelo, trabajan equipos del Ministerio de Seguridad junto a las áreas de ciberdefensa y seguridad informática de las Fuerzas Armadas. Desde Nación aseguran que ya se reforzaron los sistemas de protección de datos sensibles y se ejecutaron protocolos especiales para controlar el acceso a la información administrativa.

Reacciones del Gobierno y nuevas medidas de seguridad

La filtración sorprendió a distintas áreas del Ejecutivo. En la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffer, se enteraron del incidente recién el martes por la noche. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), liderada por Ariel Waissbein, también se sumó al monitoreo del caso.

Aunque se trata de datos administrativos, desde el oficialismo intentan minimizar el impacto y aseguran que no comprometen las capacidades operativas del Ejército. Aun así, las autoridades militares no descartan ampliar la denuncia con nueva documentación. En un comunicado oficial, la fuerza confirmó que recibió alertas sobre el incidente y que se encuentra analizando su veracidad y atribución.

Este ciberataque ocurre en un contexto donde el Gobierno busca ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. A través del decreto 1112/2024, se habilitó su participación en el combate a amenazas externas no estatales. Además, se prepara una nueva Ley de Seguridad Nacional que incluiría la facultad de derribar aeronaves no identificadas y realizar controles más estrictos en las fronteras.

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