Una denuncia que sacude a La Libertad Avanza

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, de la provincia de Salta, abrió una investigación preliminar para determinar si hubo pedido de aportes obligatorios como condición para mantener cargos políticos dentro del espacio La Libertad Avanza (LLA).

Los señalados en la causa son los diputados nacionales Emilia Orozco y Carlos Zapata, además de un asesor político identificado como Ricardo Ortega, apoderado del partido Ahora Patria, una fuerza aliada al oficialismo nacional. La denuncia fue presentada el 13 de junio por el director de la ANSeS en la ciudad de Metán, Cristian Achaval.

El audio que desató el escándalo

El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de un audio en Radio Infinito, donde se escucha una conversación entre Achaval y Ortega. En ese diálogo, el funcionario consultaba sobre los pedidos reiterados de aportes, mientras el apoderado del partido le detallaba las condiciones del supuesto "acuerdo".

"Yo ya había hablado con Alfredo (por Olmedo), que me había dado unos meses de gracia", justifica Achaval en el audio. Ortega responde: "La casa no se mantiene sola".

De esa charla se desprende que el aporte era del 5% del sueldo, y que su destino sería cubrir gastos partidarios como el alquiler del local y otros costos de funcionamiento. Ortega también asegura que recibe los recibos de sueldo de todos los funcionarios: "Todos cobran muy bien", dice.

Una estructura presuntamente aceitada

Según el presunto recaudador, los aportes se reciben principalmente en efectivo, aunque también existe la opción de realizar transferencias bancarias si la persona no puede trasladarse hasta la capital provincial. La modalidad sería común dentro del espacio y afectaría a más de un funcionario designado.

Aunque en la conversación también se menciona a Alfredo Olmedo, empresario agropecuario y parlamentario del Mercosur, no estaría involucrado formalmente en esta etapa del expediente, que aún se encuentra en averiguación preliminar.

Emilia Orozco, cuestionada por un viaje a Dubái

La legisladora Emilia Orozco ya venía siendo blanco de críticas por otro motivo: su participación en una comitiva oficial que viajó a Dubái en el marco de una actividad vinculada a accesibilidad y tecnologías para personas con discapacidad.

El viaje, en el que también estuvieron la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, Romina Núñez, y la legisladora porteña Lucía Montenegro, generó malestar en varias organizaciones del sector, sobre todo porque se dio en medio de una fuerte crisis presupuestaria que afecta a prestadores, usuarios y programas esenciales.

En redes sociales se viralizaron fotos del grupo posando frente a lugares icónicos de lujo, como el edificio Burj Khalifa, el más alto del mundo.

La investigación sigue su curso

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que la denuncia está siendo tratada como una averiguación preliminar, es decir, en una instancia inicial que busca determinar si existe o no responsabilidad penal. Aún no se informó si habrá imputaciones formales.

Por el momento, tanto Zapata como Orozco siguen en funciones. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, aunque el escándalo ya empieza a generar ruido dentro del bloque oficialista en el Congreso.

La sospecha de un esquema de recaudación paralela dentro del espacio libertario podría tener implicancias políticas y judiciales de largo alcance.