La ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Senado, introduce un fuerte incremento en las multas automáticas que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a personas y empresas que se atrasen en la presentación de declaraciones juradas. El ajuste de las penalidades supera el 100.000% y generó preocupación entre tributaristas y pymes por su posible impacto económico.

La normativa eleva de manera significativa los montos previstos en el Régimen de Procedimiento Tributario. Según el texto aprobado, la multa prevista en el artículo 38 pasa de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas, en casos de incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones informativas.

Suba histórica de multas y aclaración oficial

El salto de las penalidades, estimado en torno al 110.000%, despertó críticas por el efecto que podría tener como nuevo "costo" para contribuyentes y pequeñas y medianas empresas. Frente a ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar que las multas no se aplicarán de manera automática.

Según explicó, ARCA enviará primero un recordatorio al contribuyente una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada. Ese aviso otorgará entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación antes de que se intime formalmente y se aplique una sanción económica.

Caputo detalló que el organismo evaluará la cantidad de días de demora para graduar la multa y diferenciar los incumplimientos ocasionales de aquellos reiterados. El objetivo, sostuvo, es evitar medidas inflexibles que afecten al sector privado y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Cambios en el delito de evasión y nuevos umbrales

La ley de Inocencia Fiscal también introduce modificaciones relevantes en el Régimen Penal Tributario. Con la nueva normativa, la evasión simple pasa a configurarse como delito a partir de los $100 millones, siempre que se verifique el incumplimiento de una obligación tributaria.

En el caso de la evasión agravada, el umbral se eleva de $15 millones a $1.000 millones. Cuando se utilizan estructuras complejas, intermediarios, fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes para ocultar al responsable, el piso asciende a $200 millones. El mismo monto se aplica para la obtención fraudulenta de exenciones o beneficios fiscales.

Además, si la maniobra involucra el uso total o parcial de facturas o documentos apócrifos, la evasión agravada se configura desde los $100 millones, muy por encima del límite anterior de $1,5 millones.

Desde el Gobierno sostienen que la ley busca brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes, al tiempo que apunta a fortalecer el control fiscal sin frenar la actividad económica.