Un nuevo capítulo en la polémica por los audios filtrados

La tensión dentro del Gobierno volvió a escalar tras las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien volvió a cargar contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano. Bindi está en el centro de la denuncia que el Ejecutivo presentó ante la Justicia por la presunta filtración ilegal de audios que involucran a Karina Milei y al secretario de Legal y Técnica, Diego Spagnuolo.

La acusación se potenció después de que Gisella Robles, abogada que asegura haber sido socia y expareja de Bindi, afirmara en una entrevista que está convencida de su participación en el esquema de grabaciones. Francos no tardó en reaccionar:

"La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios... Qué sorpresa... Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D'Elía y el chavismo. ¿Y ahora?", escribió en redes sociales.

Pagano contraataca: "Son un meme con patas"

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Marcela Pagano respondió con dureza, minimizando la acusación y apuntando contra la gestión actual:

"Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas", ironizó.

La diputada también lanzó una crítica directa a la estructura del Gobierno:

"¿Qué le parece si hablamos de corrupción? ¿Se la llevaron del ANDIS, sí o no? ¿La filtración que usaron para correr a Santiago Caputo de la SIDE la armaron Vila y Armelino?"

Denuncias cruzadas y una investigación que avanza

Mientras crecen los cruces y las acusaciones en redes, la causa ya está en la Justicia federal. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó la denuncia por lo que calificó como una "operación de inteligencia ilegal" para desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral.

Según el escrito, la maniobra buscaba alterar la opinión pública y romper las reglas del juego democrático, violando la Ley 25.520 que prohíbe las operaciones de inteligencia por fuera del marco institucional. La causa está en el Juzgado Federal N.º 10, y se investiga el posible uso de tecnología y contactos dentro de los servicios de inteligencia para obtener y filtrar los audios.