La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados no fue celebrada por el Gobierno nacional. Por el contrario, en la Casa Rosada consideran que el texto aprobado "ya no sirve" porque vulnera el objetivo central de la gestión de Javier Milei: el déficit cero. El malestar se desató tras el rechazo del Capítulo XI, que incluía la derogación de leyes que el oficialismo considera incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo contemplaba dejar sin efecto normas como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Al no prosperar, en el Ejecutivo aseguran que el proyecto que llegará al Senado obliga al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que califican como inaceptable.

Desde el oficialismo remarcan que el debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico. "Déficit versus superávit", resumen en Balcarce 50, donde sostienen que las leyes que siguen vigentes implican obligaciones de gasto que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y contradicen el mandato electoral del Gobierno.

Estrategias en análisis: demora, cambios o veto

Con este escenario, La Libertad Avanza evalúa distintas alternativas. Una opción es demorar el envío del proyecto al Senado y priorizar el tratamiento de la reforma de Modernización Laboral. Otra posibilidad es intentar reintroducir el Capítulo XI mediante cambios en la redacción, lo que obligaría a que la iniciativa vuelva a Diputados, aunque el oficialismo reconoce que hoy no tiene los votos para insistir.

La alternativa que gana fuerza es el veto presidencial. En el Ejecutivo creen que los bloques opositores tienen incentivos para que el Presupuesto se sancione tal como está y advierten que, si eso ocurre, no quedará margen de maniobra. "Solo Discapacidad son cinco puntos del PBI", repiten en el entorno presidencial, donde explican que actualmente no se están ejecutando fondos de esas leyes porque no tienen partida asignada. "Si se aprueba el Presupuesto así, ya no hay excusas", señalan.

En ese contexto, dentro del oficialismo incluso deslizan que podría ser preferible continuar con un esquema de manejo discrecional de los fondos en 2026, bajo la órbita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. "Va a tener que seguir armando el Excel", ironizaban en despachos oficiales tras la votación.

Gobernadores en la mira y tensión política

El rechazo del Capítulo XI expuso fuertes tensiones políticas. El oficialismo responsabiliza a seis gobernadores por no haber acompañado, pese a haber recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre los señalados aparecen Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), estos últimos acusados de "darse vuelta" a último momento.

En las últimas dos semanas, el Gobierno había concentrado el 33% de las transferencias de ATN en seis provincias: Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Sin embargo, ese gesto no alcanzó para asegurar los votos.

También hubo sorpresa por la abstención del diputado entrerriano Darío Schneider y críticas a la conducción de la UCR por no lograr una posición uniforme dentro de su bloque.

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 en general con 132 votos, marcando la primera media sanción de este tipo para La Libertad Avanza y el debut de la nueva composición del recinto, donde el oficialismo cuenta con 95 bancas propias. Aun así, en el Gobierno admiten que el resultado dejó más problemas que soluciones y abrió un escenario de fuerte incertidumbre para el futuro fiscal.