La discusión sobre la edad de imputabilidad en la reforma del Régimen Penal Juvenil vuelve al centro del debate político. Aunque el oficialismo apunta a fijar el mínimo en 13 años, los aliados del Gobierno, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, advierten que solo respaldarán la medida si se establece en 14 años.

Los antecedentes del proyecto y el dictamen perdido

El primer proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Tras meses de negociaciones, en mayo de 2025 un plenario de comisiones acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, PRO, UCR, Innovación Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre, con ajustes clave:

• Edad mínima de imputabilidad: 14 años (el proyecto original proponía 13).

• Pena máxima para delitos graves reducida de 20 a 15 años de prisión efectiva.

Ese dictamen, aunque consensuado, nunca llegó al recinto y con el recambio legislativo perdió estado parlamentario, obligando a reiniciar la discusión.

Los argumentos de los aliados

Desde el PRO y sectores dialoguistas, la postura se fundamenta en prudencia científica y operativa:

• No hay consenso médico ni psicológico sobre si un niño de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos.

• La Convención de Naciones Unidas y estudios en neurociencia advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo.

• La infraestructura del Estado para alojar y tratar a los menores es limitada; bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de manera inmediata.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, sostuvo que la ley debe avanzar sin desperdiciar los consensos previos, ya que los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio son cruciales para alcanzar el quórum de 129 diputados.

Tensiones dentro del oficialismo

Algunos referentes libertarios consideran que mantener los 13 años permitiría cumplir la visión original de la reforma, mientras que otros advierten que insistir podría poner en riesgo la aprobación de la ley. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que la edad mínima debería ser 13 o incluso 12 años, dejando en evidencia la falta de acuerdo interno.

En este contexto, los aliados advierten que cualquier intento de reducir la edad sin consenso podría bloquear la ley, mientras el Gobierno busca avanzar durante las sesiones extraordinarias de febrero.