Esta madrugada, a través del Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27801, dando inicio al nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa, que fue el eje central de las sesiones extraordinarias, reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, estableciendo un sistema de responsabilidad penal temprana para adolescentes.

A pesar del endurecimiento en la edad, la ley sostiene que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible. Además, queda terminantemente prohibida la aplicación de penas de reclusión perpetua para menores.

Puntos clave del nuevo sistema

El nuevo régimen no solo cambia la edad, sino que redefine cómo el Estado debe tratar a los menores en conflicto con la ley:

• Especialización obligatoria: Todos los jueces, fiscales y defensores que intervengan deberán estar capacitados específicamente en materia penal juvenil.

• Prohibición de convivencia: Los menores detenidos bajo este régimen no podrán ser alojados en dependencias con adultos y deberán estar en centros acondicionados para su edad.

• Celeridad procesal: Si un juez demora injustificadamente una causa de un menor, incurrirá en una falta grave y será sancionado disciplinariamente.

• Inimputables (menores de 14): En estos casos, la justicia penal solo investigará el hecho, pero las medidas protectoras o curativas quedarán bajo la órbita de la justicia civil.

El nuevo rol de la víctima y los padres

Uno de los cambios más celebrados por el oficialismo es la incorporación de los derechos de la víctima. Ahora, los damnificados tendrán derecho a ser escuchados y participar activamente en todo el proceso.

Además, la ley toca el bolsillo de los adultos responsables: los padres o tutores legales del adolescente podrán ser obligados a responder patrimonialmente por los daños que cause el menor, permitiendo que la víctima exija una reparación civil directa.