El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo del veto en el Congreso, pero suspendió su aplicación por falta de fondos. 

La administración de Javier Milei argumentó que la ejecución inmediata de la ley generaría un impacto fiscal significativo, con una carga estimada de:

• $2,17 billones para 2025 (0,26 % del PBI)

• $4,71 billones para 2026 (0,47 % del PBI)

• A esto se suman $574 mil millones del programa Incluir Salud y $278 mil millones en compensaciones a prestadores

En total, se requeriría un crédito presupuestario adicional de más de $3 billones, cifra que el presupuesto vigente no puede absorber sin afectar servicios esenciales.

El Gobierno citó los artículos 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156) y 5 de la Ley 24.629, que exigen que toda ley que implique gasto debe identificar claramente sus fuentes de financiamiento. En este caso, según el decreto, el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente" cómo se solventarían los costos.

¿Qué dice el texto oficial?

El documento publicado en el Boletín Oficial señala que incluso reasignando todas las partidas presupuestarias disponibles de los tres poderes del Estado, no sería suficiente para cubrir los gastos previstos por la ley. Además, se remarca que cualquier incremento presupuestario solo puede ser aprobado por el Congreso Nacional.

Pese a la suspensión, el Gobierno reforzó partidas para atención en discapacidad

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una modificación presupuestaria parcial mediante la Decisión Administrativa 24/2025, también publicada este lunes. La medida contempla:

• Un aumento de fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

• Reducción de partidas generales de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro

Este refuerzo presupuestario comenzará a regir desde el 1° de octubre y tiene como objetivo atender reclamos urgentes de prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad.

Milei vetó la ley, pero el Congreso la ratificó

La ley había sido vetada previamente por Milei mediante el Decreto 534/25, alegando que la falta de previsión presupuestaria amenazaba la sostenibilidad del sistema de atención. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso insistieron con la aprobación por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgar la norma según lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.

¿Qué sigue ahora?

La promulgación de la Ley 27.793 ya fue comunicada formalmente al Congreso. Ahora, la puesta en marcha efectiva depende exclusivamente del Poder Legislativo, que deberá:

• Determinar fuentes de financiamiento concretas

• Incluir las partidas necesarias en el presupuesto nacional

Mientras tanto, el Gobierno buscará equilibrar la presión política y social con una administración del gasto alineada a sus compromisos de austeridad.