El Gobierno nacional confirmó que postergará hasta marzo las negociaciones con la oposición sobre las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales. Desde la Casa Rosada remarcan que la definición del presidente Javier Milei es que estos temas no se incluyan en el temario de las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y 31 de diciembre.

Prioridades del Ejecutivo

"La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias", expresan fuentes oficiales. Según detallan, las prioridades del Gobierno son el proyecto del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, además de la iniciativa para el uso de los llamados "dólares del colchón".

Mientras tanto, en Balcarce 50 existen diferencias internas sobre quién llevará adelante la interlocución judicial con el Congreso. Algunos sectores señalan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como negociador autorizado, mientras que otros advierten que podría haber cambios.

La dilación en la designación de un nuevo ministro de Justicia tras la renuncia pública de Mariano Cúneo Libarona también forma parte de esta estrategia. Entre los candidatos para sucederlo se menciona al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Negociaciones con el kirchnerismo y vacantes judiciales

El Gobierno asegura que está dispuesto a negociar una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en la Cámara de Senadores, identificando como interlocutores al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

No obstante, aún no se definieron los candidatos que se propondrán en 2026. Intentos previos para validar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fracasaron en abril de 2025. Actualmente, la Casa Rosada tiene en carpeta nombres como Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, pensados también como reemplazo de Rodolfo Barra en la Procuración General del Tesoro.

En paralelo, el Ejecutivo busca negociar con gobernadores dialoguistas las vacancias de los 150 juzgados federales en el corto plazo, incluyendo los reemplazos del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y de la Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez. Desde la Casa Rosada destacan que "tampoco están cerradas las propuestas para esos cargos".

Con esta estrategia, el Gobierno apunta a mantener el control de los tiempos y priorizar los proyectos legislativos más urgentes, dejando para 2026 la resolución de los cargos vacantes en la Corte Suprema y en los tribunales federales.