El Gobierno Nacional implementó una resolución que autoriza a los militares a intervenir en la detención de personas en el momento de cometer delitos flagrantes. Esta nueva disposición, que ha generado debate, fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien se pronunció en sus redes sociales defendiendo la medida: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", manifestó en su cuenta de X.

Reforzando el control de fronteras y el protocolo de actuación militar

Petri explicó que la medida también se enmarca dentro de un contexto de control fronterizo reforzado. "La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación", agregó. El ministro también subrayó que esta decisión se alinea con prácticas adoptadas por países vecinos, destacando que naciones como Estados Unidos y los países limítrofes de Argentina emplean a sus fuerzas armadas para el control de fronteras.

El objetivo de la resolución es limitar el uso de la fuerza a las situaciones que impliquen una defensa legítima, tanto del personal militar como de terceros, en casos de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida o integridad física. La norma establece, además, restricciones claras en cuanto al uso de armas en situaciones de fuga. De acuerdo con el texto oficial, los militares no podrán usar armas contra vehículos o personas que intenten huir de un puesto de control, a menos que exista una amenaza directa de agresión.

La medida ha sido recibida con controversia, especialmente por aquellos que critican la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional insisten en que se trata de un refuerzo en la lucha contra la criminalidad, en particular en las fronteras y en el control de actividades delictivas.