Este miércoles, la Cámara de Diputados podría sesionar para ratificar o rechazar los vetos presidenciales sobre la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de jubilaciones. La tensión política crece, ya que varias bancas clave podrían respaldar al Gobierno si se implementa alguna medida hacia la población con discapacidad.

Aunque aún no hay certezas sobre la cantidad de votos, la sesión es un termómetro para medir la fuerza del oficialismo antes del inicio formal de la campaña electoral. Si Milei logra ratificar los vetos, protegerá la estabilidad fiscal y la calma de los mercados, pero enfrentará críticas por frenar fondos destinados a sectores sensibles.

Si no se ratifican, se abriría un conflicto fiscal y político, además de romper el escudo de vetos que el presidente había logrado imponer el año pasado. La Casa Rosada, según fuentes oficiales, apuesta al primer escenario y prepara un mecanismo compensatorio para la discapacidad.

Medida paliativa para discapacidad: los primeros detalles

Según testimonios de tres despachos del Ejecutivo, reportados por TN, se está trabajando en una iniciativa que acompañe la ratificación de los vetos. "No será un monto que mueva demasiado el amperímetro, pero hay conversaciones al respecto", señaló una fuente reservada. Otra precisó que "no hay nada concreto todavía", y que cualquier medida se implementaría después de que Diputados confirme el veto.

En este marco, se evalúa actualizar el nomenclador de discapacidad, un cambio que sería más económico que un aumento de jubilaciones o una medida previsional general. 

"Si la actualización fuera leve, resultaría mucho más barato y efectivo que incrementar jubilaciones", explicó un funcionario.

Desde los bloques que solicitaron la sesión del miércoles aclaran que pueden reunir quórum, pero no la mayoría especial de dos tercios necesaria para derogar un veto presidencial. Hasta ahora, la ventaja sigue siendo del oficialismo, que mantiene la posibilidad de controlar la votación.

En cuanto a las jubilaciones, las definiciones son menos claras. La situación de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral es un foco de debate: el Gobierno licitó cerca de 720.000 cartas documento para notificar posibles suspensiones, aunque se espera que el número efectivo sea menor. El ahorro estimado con la baja de 200.000 aportes rondaría los $45.000 millones, según fuentes oficiales.

El plan, según información de La Nación, es reasignar esos fondos a la actualización de prestaciones, pero no de forma inmediata, lo que genera tensiones entre legisladores que presionan por medidas urgentes. Mientras tanto, el Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de cumplir con la población vulnerable y mantener la estabilidad fiscal de cara a las elecciones generales que comienzan la próxima semana.