El Gobierno celebró el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA
El juez Daniel Rafecas aceptó el pedido de la UFI AMIA y habilitó una medida histórica tras más de 30 años sin justicia. El oficialismo destacó el avance y apuntó a "juzgar a los terroristas iraníes y de Hezbollah".
El Gobierno nacional celebró este jueves la decisión del juez federal Daniel Rafecas de aplicar el juicio en ausencia para los diez acusados por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata de una medida histórica que llega luego de tres décadas de impunidad, y que fue solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación AMIA.
"Vamos a poder juzgar a los terroristas", afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien destacó que la herramienta fue habilitada gracias a la nueva Ley de Juicio en Ausencia, impulsada por el Poder Ejecutivo. Según expresó, permitirá avanzar contra los ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah prófugos que nunca respondieron a los llamados de la justicia argentina.
Justicia sin fronteras ni impunidad
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, también se pronunció sobre la medida y aseguró que "la ley de Juicio en Ausencia evita que los crímenes queden impunes". En ese sentido, subrayó que se trata de una respuesta a los reclamos históricos de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
La decisión permite que el proceso penal continúe sin la presencia física de los acusados. Serán representados por defensores oficiales, y se garantizará el debido proceso, de acuerdo a tratados internacionales y legislación local. Habrá audiencias públicas, pruebas documentales y participación de organismos de cooperación policial.
Una medida esperada por las víctimas
Desde la UFI AMIA señalaron que esta herramienta es clave para evitar que las trabas diplomáticas o la falta de extradición impidan avanzar en el expediente. El fallo de Rafecas fue considerado un hito por las organizaciones de familiares, que desde hace años reclaman justicia.
El juicio en ausencia, contemplado para casos de lesa humanidad y terrorismo, será implementado con el acompañamiento del Gobierno nacional y organismos internacionales. Representa una señal clara de que el Estado argentino está dispuesto a saldar una deuda pendiente con las víctimas del atentado más grave de la historia argentina.