El Gobierno Nacional oficializó este martes la incorporación de la Fuerza Quds al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida quedó plasmada en la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la Fuerza Quds "representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional", motivo por el cual se dispuso su inscripción junto a los individuos asociados a la organización.

Los fundamentos de la decisión

La normativa se apoya en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Entre ellos, se mencionan la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde el Gobierno remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y represión del terrorismo, así como de proteger al sistema financiero argentino frente a posibles operaciones ilícitas.

La vinculación con los atentados en Argentina

En un comunicado previo, el Ejecutivo recordó que la Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en el entrenamiento y ejecución de ataques terroristas en otros países.

"La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994", señalaron oficialmente.

En ese marco, destacaron el rol de Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA, posee una alerta roja de Interpol y ya se encuentra inscripto en el RePET, según confirmaron fuentes oficiales.

Rechazo de Irán y alcance de la medida

La decisión fue rechazada por el Gobierno iraní. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei, calificó la medida como "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político".

Desde el Ejecutivo argentino, en cambio, sostuvieron que el país "se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional" y a establecer un régimen jurídico y administrativo que permita erradicar la financiación del terrorismo.

La resolución prevé sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de la organización y de sus integrantes. Además, se encomendó al Ministerio de Justicia avanzar con la inscripción formal en el RePET, herramienta clave para el intercambio de información y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.