El Gobierno recortará acceso a la AUH y pensiones por discapacidad tras pedido del FMI
En el nuevo acuerdo con el FMI, el Ejecutivo se comprometió a reducir beneficiarios de planes sociales a partir de diciembre. El recorte se haría mediante un registro único y con el objetivo de lograr más superávit.
Un compromiso clave tras las elecciones
El Gobierno de Javier Milei acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicar un ajuste en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las pensiones por discapacidad después de las elecciones legislativas de octubre. Según el memorando firmado, la medida se implementará hacia fin de año con el objetivo de mejorar la "eficiencia" del gasto social y avanzar hacia un mayor superávit fiscal.
El ajuste se realizará a través de un reempadronamiento que filtrará los beneficiarios según criterios más estrictos. Aunque no se detalla si la medida afectará a quienes ya reciben la AUH o solo a los nuevos solicitantes, el uso del término "focalización" sugiere que podría haber una revisión de toda la nómina.
Un registro único para filtrar beneficiarios
El mecanismo elegido será la integración de distintas bases de datos sociales en un sistema unificado: el SIS (Sistema de Indicadores Sociales), que depende del Ministerio de Capital Humano. Con asistencia técnica del Banco Mundial, este sistema busca centralizar toda la información sobre pobreza, salud, educación y trabajo, para aplicar controles más rigurosos en la entrega de beneficios.
Este registro permitiría reducir la cantidad de personas que acceden a las ayudas sin que cumplan con los nuevos requisitos. La idea es que el cruce de datos administrativos detecte irregularidades y permita "mejorar la gobernanza" del sistema, según el documento oficial firmado con el FMI.
Ajuste fiscal como meta central
El recorte de planes sociales no es un gesto aislado: forma parte del plan del Gobierno para alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI, por encima del 1,3% previsto inicialmente. En paralelo, se avanzará también con la reducción de subsidios energéticos y otros gastos del Estado.
Este giro en la política social se suma a otras decisiones polémicas, como el reciente veto presidencial al aumento para jubilados y a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Todo en línea con la estrategia de consolidar el equilibrio fiscal antes de liberar por completo el cepo cambiario.