Denuncia formal ante la Justicia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que la presentación judicial describe el caso como una "maniobra golpista" y subraya que las grabaciones de Karina Milei y otros funcionarios fueron manipuladas y difundidas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. Según el Gobierno, no se trató de una filtración casual, sino de un ataque ilegal, planificado y dirigido.

En la denuncia, el Ministerio de Seguridad, a través de Fernando Oscar Soto, afirma que naturalizar estas prácticas equivaldría a "legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de libertad de prensa". El documento señala que los hechos representan "una injerencia sin precedentes en la vida política del país" y constituyen una violación de la Ley 25.520, que prohíbe este tipo de operaciones de inteligencia no institucionales.

Alcance y objetivos de la operación

El Gobierno sostiene que las grabaciones fueron utilizadas estratégicamente para influir en la opinión pública, alarmar y desinformar a la ciudadanía, afectar indicadores de política económica y alterar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Según la denuncia, la difusión se produjo en medios de comunicación y redes sociales seleccionados deliberadamente para desacreditar al Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada aseguran que la operación buscó generar paranoia dentro del propio Gobierno, ya que podría haberse grabado a más ministros y funcionarios, no solo a la hermana del presidente. La denuncia solicita medidas cautelares urgentes para prohibir la difusión, reproducción o circulación de los registros y proteger la legalidad, la transparencia y el Estado de derecho.

Reacción interna y preocupación en el Ejecutivo

La difusión de los audios provocó reuniones urgentes en la Casa Rosada con altos funcionarios, incluidos Manuel Adorni, Santiago Caputo, Sebastián Amerio y Santiago Viola. La preocupación principal no era el contenido de los audios, sino la violación del ámbito privado dentro de la sede presidencial. "Lo que ocurrió es gravísimo. La mera posibilidad de que se grabara dentro de la Casa Rosada otorga a la maniobra una gravedad sin precedentes", señalaron fuentes oficiales.

El Gobierno advierte que estas acciones buscan desestabilizar al país en un momento clave, justo en plena campaña electoral, y que se trata de una operación organizada, deliberada y dirigida contra funcionarios del más alto nivel.