El Gobierno Nacional volvió a poner en agenda la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind para la Prefectura, en una operación que ronda los u$s2.000 millones, a realizarse con la empresa francesa Naval Group. La decisión se oficializó tras un encuentro entre Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron en noviembre de 2024, y reactiva una negociación iniciada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Historia de la empresa y denuncias internacionales

Naval Group, anteriormente conocida como DCNS, es un astillero de capitales privados con participación estatal mayoritaria, que lideró en 2017 el "Ranking de Corrupción Militar" del Compendium of Arms Trade Corruption, realizado por Fletcher School para World Peace Foundation. Desde 1994 hasta la fecha, la compañía acumuló múltiples denuncias por sobornos en países como Pakistán, Malasia, Brasil e India.

Entre los casos más resonantes se encuentran pagos de 51 millones de euros a funcionarios pakistaníes por la venta de submarinos en 1994, sobornos en Malasia en 2002 para asegurar la adjudicación de contratos, y la filtración de planos de submarinos Scorpène de India en 2016. Además, en Brasil, Naval Group estuvo vinculada al Lava Jato por el acuerdo de cinco submarinos, y su historial incluye pagos sistemáticos denominados Frais Commerciaux Exceptionelles, que funcionaban como sobornos deducibles de impuestos hasta la adhesión de Francia a la Convención de la OCDE en 1999.

Controversia local y licitaciones direccionadas

En Argentina, el antecedente de compras bajo gestión de Patricia Bullrich generó polémica. La Auditoría General de la Nación cuestionó en noviembre de 2024 la contratación directa de cuatro lanchas a Israel, con sobreprecio del 138% respecto de la mejor oferta del mercado. En paralelo, se presentó una denuncia penal sobre la presunta licitación direccionada hacia Naval Group para las lanchas OPV, donde especialistas cuestionan la capacidad física del astillero local SPI para desarrollar los buques en conjunto con la firma francesa.

El Gobierno justificó la reactivación de la compra en la necesidad de recuperar la capacidad submarina de la Armada, inactiva desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017, mientras busca modernizar la flota de Prefectura. La operación contempla además la adquisición de cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de euros, financiados mediante un préstamo de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, según el decreto 924 del 26 de diciembre de 2025.

Debate abierto sobre transparencia y corrupción

Especialistas y analistas de defensa alertan sobre los riesgos de involucrar a una empresa con antecedentes comprobados de corrupción en operaciones de alto valor estratégico. El historial internacional de Naval Group y los cuestionamientos locales sobre licitaciones y sobreprecios generan un debate sobre transparencia, costos y la viabilidad técnica de la producción de los buques en Argentina.

Con esta reactivación, la flota naval argentina buscará reforzar su capacidad operativa, pero la polémica sobre la elección del astillero francés y la gestión de la compra promete mantenerse en el centro del debate político y mediático.